PARÍS.- La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) emitió hoy una opinión muy crítica sobre un proyecto de ley que endurecerá sustancialmente las condiciones de entrada y estancia de los extranjeros en Francia.
La CNCDH advirtió de los riesgos de "arbitrariedad" que conlleva la aplicación de los 40 artículos del texto impulsado por el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, y la "precariedad" del estatuto de los extranjeros.
El único artículo que le parece "interesante" a la CNCDH es la reforma de la llamada "doble pena", aunque los cambios le parecen "demasiado tímidos". La "doble pena" es la expulsión automática de un extranjero que haya cometido un delito en Francia tras cumplir la condena correspondiente.
Sarkozy propone en su reforma que se mantenga sólo para los casos de terrorismo y de atentados graves contra el Estado.
La CNCDH, reunida hoy en sesión plenaria, protestó además por "el hecho de que el Ministerio no le haya consultado sobre el proyecto de ley sobre la inmigración y de que haya tenido que conseguir el texto por sus propios medios".
En su preámbulo, la CNCDH advierte de que el problema de la inmigración no debe ser reducido a la "dimensión policial".
El proyecto de ley tiene "una tendencia general a aumentar el papel de la policía y de la administración frente a los jueces", denuncia la CNCDH.
El proyecto de ley de Sarkozy, que recibió recientemente la luz verde de sus colegas de Gobierno, llegará al Parlamento a principios de junio próximo.
Una de las principales medidas del texto es la creación de un fichero centralizado de huellas dactilares de los demandantes de visados para poder expulsar a los que se queden ilegalmente en Francia.
Esa medida le parece "inaplicable" a la CNCDH debido a la gran cantidad de turistas que recibe Francia cada año, al tiempo que se pregunta "cómo reaccionarían los franceses si fuesen sometidos al mismo tratamiento" en otros países.
Sarkozy pretende solucionar así el principal problema al que se enfrentan las autoridades francesas frente a los inmigrantes ilegales, también llamados "los sin papeles", que destruyen su documentación para dificultar su expulsión a su país de origen.
Para que los inmigrantes ilegales no intenten eludir ese obstáculo al entrar por otro país de la Unión Europea, el texto prevé la expulsión de todo inmigrante que no tenga en su pasaporte el sello y la fecha de llegada a un país de la zona Schengen.
El titular de la cartera de Interior pretende también sortear el obstáculo del tiempo para tramitar una expulsión al ampliar de 12 a 32 días el plazo legal para mantener a un inmigrante en un centro de "retención" para organizar la "reconducción" a su país.
Esa ampliación del plazo de retención es considerada como "contraria a los derechos fundamentales" por la CNCDH, que califica también de "excesiva" la necesidad de demostrar la estancia regular en el país durante cinco años, y no tres como ahora, para poder solicitar una tarjeta de 10 años.
