BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina redobló hoy su ofensiva para renovar a la Corte Suprema de Justicia, mientras expertos en derecho y dirigentes políticos advirtieron sobre los riesgos institucionales de la polémica entre los dos poderes.
El principal objetivo de la embestida gubernamental fue el presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, quien a su vez salió a responder las críticas contra la Corte que formuló anoche el mandatario argentino, Néstor Kirchner, en un duro discurso.
En tanto, una comisión de la Cámara de Diputados dio hoy el primer paso para abrir un proceso de enjuiciamiento que puede terminar con la destitución de Nazareno.
A diez días de llegar al poder, Kirchner pidió al Parlamento que avance con "urgencia" en el juicio político a la Corte Suprema, cuyos miembros están acusados de mal desempeño de sus funciones y cuentan con altos niveles de desprestigio entre la población.
El Gobierno acusa al alto tribunal de presionarlo en momentos en que la Corte tiene en sus manos la resolución de casos que se consideran claves para el país desde el punto de vista económico y político.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo hoy que Nazareno "definitivamente no está en condiciones de soportar el peso de la majestad de la justicia" y le acusó de decir "sandeces que no tienen otro sentido que condicionar el desarrollo del Gobierno".
El funcionario se refirió a las manifestaciones del presidente de la Corte, quien pocas horas antes expresó que el mensaje de Kirchner no le obliga "a nada" y desafió a las autoridades a que "convoquen a un plebiscito" para que la población se pronuncie sobre la continuidad de los nueve integrantes del tribunal.
"No sé de qué habla Kirchner sobre extorsión, yo nunca hablé con él", declaró el magistrado a los periodistas.
Según el experto en derecho constitucional Gregorio Badeni, el hecho de que Kirchner haya instado al Congreso a enjuiciar a la Corte "es una falta de respeto hacia integrantes de otro poder".
"Poner (a la Corte Suprema) como un servicio de justicia, como si fuera un servicio de luz, gas o teléfono, olvida que es un órgano jurisdiccional, que está en paridad con el presidente y el Congreso", advirtió en declaraciones a la radio Diez.
Por su parte, el ex fiscal Julio César Strassera opinó que con el enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo tribunal "se corre un riesgo muy alto contra el sistema republicano, porque mañana viene otro presidente al que no le gusta la composición de la Corte y la echa de un plumazo".
La Asociación de Magistrados, que agrupa a funcionarios de alto rango del Poder Judicial, sostuvo que la ofensiva del Ejecutivo "genera una situación de incertidumbre que conmueve a la organización institucional de la República".
Pero el ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó que Kirchner pretenda conformar "una Corte afín" al Gobierno y aclaró que el Mandatario "no ha tomado ninguna decisión fuera de sus propias atribuciones constitucionales".
Mientras, Ricardo López Murphy, el tercer candidato presidencial más votado en las últimas elecciones, cuestionó la forma en que el jefe del Estado busca remover a miembros del alto tribunal y dijo que "no es bueno alterar la institucionalidad" del país.
Por su parte, la diputada de centroizquierda Elisa Carrió, una de las principales impulsoras de la renovación de la Corte, pidió "moderación" a Kirchner, si bien se comprometió a respaldar el proceso "por un camino serio e institucional".
Un enjuiciamiento contra los nueve integrantes del alto tribunal estuvo a punto de prosperar en octubre pasado, pero se frustró a último momento en el Parlamento, que es el encargado de realizar el proceso de destitución.
Sin embargo, hoy esa posibilidad volvió a reactivarse, ya que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados admitió la investigación de nuevas denuncias para promover el enjuiciamiento de Nazareno, la máxima autoridad de la Corte.
El tribunal analiza casos de vital importancia para la normalización del país, como la legalidad o no de la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares y la nulidad de dos leyes que pusieron fin a las investigaciones contra militares que actuaron durante la última dictadura (1976-1983).
