BUENOS AIRES.- Un juez argentino ordenó la detención de diez militares retirados que están acusados de haber sido los presuntos autores materiales de la matanza de 22 presos políticos en 1976.
El magistrado Carlos Skidelsky, de la norteña provincia de Chaco, confirmó hoy que anoche firmó las órdenes de captura en una causa en la que también aparece involucrado el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni.
Skidelsky investiga el fusilamiento de 22 presos políticos cometido en la localidad chaqueña de Margarita Belén, a 980 kilómetros al norte de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 1976, pocos meses después del inicio de la dictadura militar que gobernó en Argentina hasta 1983.
Los diez militares cuya detención fue ordenada por el juez son oficiales retirados del Ejército a los que se acusa de haber integrado el convoy que trasladó a las víctimas hasta el descampado en el que se consumó la matanza.
"Tengo la obligación moral de actuar de esta manera porque lo sucedido en Margarita Belén es una herida abierta y hay muchas familias que siguen sufriendo, no sólo por la pérdida de seres queridos sino también por el método que se usó para eliminar a esas personas", declaró el magistrado a agencias locales.
Skidelsky advirtió que "este es un primer paso en la investigación" y dijo que ahora va a "avanzar en el tema de los autores intelectuales" de la masacre.
El general Brinzoni, quien a finales del mes pasado fue relevado de la jefatura del Ejército por orden del presidente argentino, Néstor Kirchner, está acusado de haber sido autor o instigador del fusilamiento junto a otros 31 militares y policías.
El ex jefe del Ejército era secretario de la gobernación de Chaco cuando se cometieron los delitos que investiga el juez Skidelsky a raíz de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones de derechos humanos de este país.
En el marco de esta causa, en marzo último el magistrado declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que a mediados de los años 80 beneficiaron a miles de acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
