PARÍS.- La ex jueza francesa Eva Joly y otras 14 magistrados de distintas nacionalidades, entre ellos el juez chileno Juan Guzmán y el español Baltasar Garzón, lanzaron solemnemente este jueves en la universidad de la Sorbona la "Declaración de París" contra la "gran corrupción".
La jueza francesa de origen noruego leyó la declaración que redactó con la colaboración de otras personalidades, entra las que también figuran el juez italiano Antonio di Pietro y el suizo Bernard Bertosa.
El objetivo de "La Declaración de París" es "dar un impulso decisivo contra la gran corrupción en los sectores de riesgo (energía, construcción, armamento, aeronáutica, industrias mineras), principalmente en los países occidentales, cuyos bancos y grandes empresas se encuentran en el centro de dichos tráficos".
"La explosión de los mercados abiertos favoreció prácticas de descuentos y comisiones, que se desarrollaron de manera preocupante hasta el punto de invadir sectores enteros de la economía", estipuló la declaración.
Los firmantes pidieron la creación de un "estatuto de dirigente expuesto políticamente" para cualquier persona que "ocupe cargos estratégicos" en el gobierno, la administración o en la dirección de ciertas empresas.
También exigieron "la suspensión de inmunidades diplomáticas, parlamentarias y judiciales para facilitar las investigaciones".
Estas personas tendrían que ser obligadas a "justificar el origen lícito de su fortuna", agregaron.
Entre los presentes también se encontraba Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial a la presidencia colombiana, secuestrada desde hace 16 meses por la guerrilla de las FARC.
"Yo vine representando a Ingrid, porque ella ha luchado con toda la fuerza contra la corrupción en Colombia", explicó a la AFP.
Bertosa declaró, por su parte, que "todo el mundo estaba afectado por esta gangrena para la democracia. La corrupción es como un cocodrilo. Hay que matarlo antes de que sea demasiado potente", sostuvo.
El acto de presentación de la declaración coincidió con la decisión de la justicia francesa de suspender la publicación del libro escrito por Joly sobre el caso ELF, uno de los asuntos de corrupción más importantes descubierto en Francia y cuyo juicio se celebra actualmente, hasta que los abogados de la defensa presenten sus alegatos ante la corte el 7 de julio.
A los numerosos periodistas que acudieron a la Sorbona para intentar entrevistarla, la jueza les pidió que no le hicieran preguntas sobre el libro, en el que denunció las presiones que sufrió durante la investigación sobre ELF. "Este no es el lugar", dijo.
En su libro titulado "¿Es éste el mundo en el que queremos vivir?", que tenía que salir a la venta este jueves, la jueza también reveló haber sido amenazada, aunque no dio nombres.
Los abogados de la defensa pidieron la suspensión de la publicación del libro por temer que "influya a los magistrados" que juzgan a las 37 personas procesadas en el caso ELF.