BOGOTA.- Un juez de Colombia condenó a 40 años de prisión al máximo líder de los escuadrones paramilitares que combaten a la guerrilla por la matanza de 30 campesinos en 1997 e impuso una sentencia similar a un coronel retirado del ejército, dijeron hoy fuentes judiciales.
La sentencia, una de las más severas por un caso de violación de los derechos humanos, fue dictada contra el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, como autor intelectual, y contra el coronel retirado Lino Hernando Sánchez, como coautor de la matanza.
Según defensores de los derechos humanos, el fallo del juez prueba una vez más los nexos de algunos oficiales de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares de derecha, que combaten a la guerrilla en medio el conflicto interno de casi 40 años que azota a Colombia.
Castaño, quien ha recibido otras sentencias, jamás ha sido capturado y permanece oculto en las selvas y montañas del norte del país.
Actualmente su organización, las AUC, mantienen un diálogo de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que busca la desmovilización de los combatientes.
Aunque la nueva sentencia contra el jefe paramilitar podría afectar una eventual negociación, el gobierno anunció recientemente que está dispuesto a dar libertad condicional a rebeldes o a paramilitares acusados de delitos atroces, para que firmen acuerdos de paz o depongan las armas.
La matanza por la que fueron condenados Castaño y el coronel Sánchez, quien se desempeñaba como comandante de un batallón del ejército, se registró en el caserío de Mapiripán, una zona selvática del departamento del Meta, 300 kilómetros al suroeste de Bogotá.
En ese caserío los paramilitares asesinaron a sus víctimas con disparos de fusil, mientras que otras fueron decapitadas con machetes y sus cadáveres incinerados posteriormente.
El juez también condenó a 32 años de prisión al sargento del ejército José Miller Ureña, por incumplimiento del deber, y a 22 años al sargento Juan Carlos Gamarra por los delitos de homicidio agravado, terrorismo, secuestro y concierto para delinquir.
Las investigaciones de las autoridades establecieron que el grupo paramilitar que ejecutó la matanza se desplazó por la zona, utilizó aeropuertos, ríos, aviones y lanchas, pese a la presencia de patrullas del ejército y de la policía, que no hicieron nada por impedirlo.
En el 2001, un tribunal militar sentenció a más de tres años de cárcel al jefe militar de la zona, general Jaime Uscategui, pero la condena fue considerada como débil por grupos de derechos humanos.
El conflicto interno que azota a Colombia dejó 40.000 muertos, la mayoría civiles, en la última década, además de dos millones de desplazados.
Estados Unidos que entrega al año miles de dólares a Colombia para combatir el narcotráfico y los grupos guerrilleros y paramilitares que obtienen millonarios ingresos del narcotráfico, ha insistido en la necesidad de cortar los nexos entre oficiales de las Fuerzas Armadas y los escuadrones de derecha.