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Sánchez de Lozada llega a acuerdo con mineros bolivianos

Aporte de recursos estatales a ese sector productivo pondría fin a protestas y tomas de caminos que han costado la vida de 54 personas en los últimos diez meses.

25 de Junio de 2003 | 16:11 | AFP
LA PAZ.- El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, superó un escollo este miércoles al acordar con las cooperativas mineras inyectar recursos a ese empobrecido sector, para poner fin a cortes de rutas que dejaron 54 muertos en diez meses de gobierno, acosado por el descontento social.

El pacto incluye un fondo de 2 millones de dólares para reactivar el sector minero cooperativo, luego de que un corte de rutas que paralizó más de la mitad de Bolivia se cobró la vida de un trabajador durante un choque con militares, según fuentes oficiales y sindicales.

Un documento final debe suscribirse luego de que los términos del entendimiento sean sometidos a un análisis por una asamblea de trabajadores que mantienen aún bloqueado un punto neurálgico de la carretera que conduce a las ciudades de Oruro y Cochabamba.

El acuerdo compromete otro millón de dólares destinado a la inversión y una indemnización de 6.000 a 7.000 dólares a los familiares de un minero muerto en las barricadas por un disparo de bala de un arma del Ejército, que controlaba la zona.

Los cortes de la ruta en otros sectores del Altiplano y en el tramo a los Yungas ya habían sido levantados, según informes de la patrulla caminera.

La muerte de Vicente Macías hizo afirmar al principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Moisés Guzmán, que durante el mandato de Sánchez de Lozada "hay más muertos que en todo el tiempo en que gobernó Luis García Meza", un dictador de la década de los 80.

García Meza (1980-81) purga hace una década una condena de 30 años sin derecho a indulto, en una cárcel de máxima seguridad enclavada a 3.800 metros de altitud en el Altiplano boliviano.

La COB deploró también que en el gobierno de Sánchez de Lozada "sigue la represión a los dirigentes y trabajadores, que por el sólo hecho de reclamar sus derechos son perseguidos, apresados o finalmente muertos".

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos reclamó en tanto sanción para el autor del disparo contra Macías y lamentó que en apenas diez meses de gobierno "hayan muerto 54 personas, que cerca de medio millar resultaran heridos y centenares fueran detenidas indebidamente".
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