LIMA.- La destitución del presidente de la estatal Petroperú por orden del jefe de Estado Alejandro Toledo ante denuncias de despilfarro relanzó el debate sobre la gestión de la empresa cuya privatización fue descartada por el gobierno.
La remoción de Héctor Taco de la empresa peruana que más tributa al Estado era demandada por un sector de la prensa tras una avalancha de denuncias sobre irregularidades administrativas y fiestas con prostitutas y alcohol realizadas bajo su gestión.
La decisión gubernamental se produce en la primera semana de gestión de la nueva Presidenta del consejo de ministros, Beatriz Merino, quien había prometido al asumir el sábado último austeridad y firmeza para acabar con el despilfarro de recursos públicos.
La fiscalía abrió una investigación para determinar si parte de la plana mayor de Petroperú hizo uso indebido de fondos públicos durante un viaje de trabajo realizado a la ciudad de Iquitos (Amazonía) en marzo, como denunció un canal de televisión.
El destituido presidente de Petroperú era objeto de denuncias de escándalo y de presunta malversación de fondos desde hace varios meses por parte de la prensa.
Taco es acusado de despedir a 12 altos funcionarios técnicos y reemplazarlos por personas afines al partido de gobierno Perú Posible, sin que estos reúnan méritos para dichos cargos.
También cayeron sobre el funcionario alegaciones de operaciones irregulares en beneficio de empresas de allegados y de efectuar viajes de placer con dinero de la empresa. Taco niega las acusaciones.
Petroperú obtuvo en 2002 ingresos equivalentes a 1.170 millones de dólares y en el primer trimestre de 2003 alcanzaron 333 millones de dólares, según datos de la empresa.
En Petroperú laboran 1.698 personas y los gastos en remuneraciones al cierre del primer trimestre del 2003 sumaron 18 millones de dólares.
Petroperú es una empresa pública semiprivatizada; 50% de sus bienes está en manos de privados y el resto en poder del Estado.
Hasta que se detuvo su privatización este año, accedieron al mercado peruano empresas de España, Argentina y Estados Unidos, que compitieron en la década del 90 en subastas públicas realizadas bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
La empresa cuenta con cuatro refinerías, una de las cuales es operada por la española Repsol. Tiene también un oleoducto desde la Amazonía a la costa norte peruana, en el océano Pacífico.
Las argentinas Pluspetrol y Pérez Companc trabajan como operadores en la exploración y producción de pozos petroleros en la Amazonía peruana. La multinacional estadounidense Mobil Oil opera por su lado el mercado de lubricantes.
Perú no se autoabastece de petróleo por lo que importa entre 30.000 y 35.000 barriles diarios de crudo, además de diesel y gas licuado, lo que genera un gasto anual de 500 a 600 millones de dólares.
En junio pasado el Parlamento excluyó a la empresa del proceso de privatización, provocando críticas del sector privado que calificó de errada la medida ya que cierra la posibilidad de que esa empresa estatal acceda a capitales extranjeros.
El sector energético privado señala que Petroperú requiere al menos de 500 millones de dólares para su modernización, una suma que el Estado peruano no está en capacidad de aportar, aducen.
Creada en 1969 tras la expropiación de la estadounidense International Petroleum Company a manos del gobierno militar del general Juan Velasco, en su inicio se encargó de explorar, explotar, refinar y comercializar, así como de desarrollar la industria peruana del petróleo y derivados.
