BUENOS AIRES.- La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina formuló hoy por unanimidad y de manera provisional diez cargos por "mal desempeño de sus funciones" en contra del juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor.
Además, convocó al magistrado a hacer su descargo ante los miembros de la comisión el próximo jueves.
El órgano parlamentario que preside el diputado peronista Ricardo Falu dejó para más adelante una decisión sobre los cargos que puedan derivarse de una denuncia presentada específicamente contra Moliné O’Connor por un ex juez.
"Nuestro esfuerzo y tiempo van a estar (dedicados) a recopilar pruebas para darle base jurídica a una eventual acusación, para que no se considere que esto es un mero juicio de base exclusivamente política y voluntarista de destituir por destituir al magistrado", dijo hoy Falú.
El proceso abierto contra el juez de la Corte culminará en agosto cuando la Comisión de Juicio Político deba emitir su dictamen sobre el caso, que luego será sometido a votación del pleno de la cámara. Para que el juicio político sea aprobado debe contar con el voto de dos tercios de los diputados.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina está bajo sospecha debido a denuncias de irregularidades y corrupción presentadas contra algunos de sus magistrados.
Al contrario que Julio Nazareno, que renunció como presidente de la Corte a fines de junio cuando estaba a punto de ser sometido a juicio político, Moliné O’Connor ha anunciado que no dejará el máximo tribunal y afrontará como magistrado las consecuencias de sus acciones.
Tanto O’Connor como Nazareno forman parte del grupo de jueces dentro del alto tribunal a los que se acusa de generar una "mayoría automática" en favor del Gobierno que presidía Carlos Menem, quien elevó de cinco a nueve el número de magistrados de la Corte.
La semana pasada, Carlos Fayt, de 85 años, asumió de manera provisional la presidencia de la Corte Suprema, que tiene pendientes fallos sobre cuestiones clave, como la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y la legalidad de la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares.
