ARAUCA.— El Presidente colombiano Álvaro Uribe calificó como un nuevo paso hacia la paz la negociación que su gobierno abrió con los paramilitares y aclaró que en las zonas donde se concretará la desmovilización de 13.000 combatientes irregulares se mantendrá la fuerza pública.
"Yo creo que esto puede contribuir a que el país vaya cimentando la paz y al restablecimiento de los derechos humanos", dijo el miércoles Uribe a la prensa en Arauca, donde trasladó provisionalmente su Gobierno por tres días.
Los paramilitares y el gobierno anunciaron el martes que se daba por concluida la fase exploratoria de los acercamientos que se inició en diciembre, para pasar a un diálogo formal.
"Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que deberá culminar a más tardar en diciembre del 2005", indicó el llamado "Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia".
También las partes acordaron crear zonas especiales donde se concentrarán los combatientes de extrema derecha para facilitar su desmovilización gradual y comprobar que estén acatando el cese de hostilidades que decretaron el 1 de diciembre, lo que se podría hacer con una veeduría internacional.
Uribe precisó que no se repetirá la experiencia de la zona de distensión, que el gobierno del Presidente Andrés Pastrana le concedió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entre enero de 1999 y febrero de 2002.
La idea entonces era que ese territorio sirviera como escenario de diálogos de paz, por lo cual Pastrana retiró policías y militares. Pero luego se comprobó que ahí la guerrilla acumuló armas, drogas y ocultó secuestrados.
"Que se concentren en un sitio o en varios sitios (los paramilitares) es una necesidad para garantizar el cese de hostilidades y facilitar las tareas de verificación, pero la fuerza pública y las instituciones del Estado no saldrán de esos lugares, aquí no hay zonas de distensión", indicó el mandatario.
Uno de los aspectos que aún no se ha precisado es la forma cómo las fuerzas armadas coparán los territorios de influencia paramilitar para proteger de las represalias guerrilleras a los combatientes en proceso de desmovilización y las comunidades que ahí viven.
Sin embargo, el gobierno viene formando miles de soldados campesinos, que son reclutas del ejército que tras un breve entrenamiento reciben la misión de defender sus municipios de residencia.
También la futura situación jurídica de los paramilitares quedó como un tema a resolver, ya que los miembros de las AUC están acusados de violaciones a los derechos humanos (masacres y desapariciones forzadas) y delitos internacionales, como el tráfico de droga.
"Seguramente habrá que garantizar un status jurídico que permita el proceso de negociación", reconoció Uribe.
Sin embargo, organizaciones humanitarias y la Defensoría del Pueblo han advertido que el costo de la paz no puede ser la impunidad.
"En todo proceso de conversaciones con grupos al margen de la ley no se debe olvidar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación", dijo a la AP, Carlos Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas, organismo con carácter consultivo ante las Naciones Unidas.
Sobre los comandantes de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, también pesan solicitudes de extradición por narcotráfico de Estados Unidos.
Los paramilitares han pedido que Washington suspenda esas acciones legales y a cambio les otorgue un ’’perdón condicionado’’ al cese de nuevos crímenes, ya que ellos se comprometieron con el gobierno a abandonar el narcotráfico.
Pero funcionarios estadounidenses han insistido que las solicitudes de extradición se mantendrán.
Si bien en el país existe una larga tradición de autodefensas campesinas, los grupos paramilitares como tales comenzaron a organizarse hace dos décadas para frenar la acciones guerrilleras en el campo.
Pero la explosión de estos grupos de extrema derecha de la mano del narcotráfico se registró en la década pasada cuando pasaron a tener de 800 miembros en 1992 a 13.000 en la actualidad.
También los denunciados nexos entre las fuerzas armadas y los paramilitares han sido una mancha para la legitimidad de los gobiernos en Colombia. Los organismos humanitarios critican la tolerancia de los militares hacia estos actores de la "guerra sucia".
Colombia vive un conflicto armado de casi cuatro décadas que deja 3.500 muertos al año. El gobierno negocia con otros dos bloques paramilitares su desmovilización, pero no se ha aclarado si seguirán el camino de las AUC.
