SANTIAGO.- La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch recomendó al Gobierno chileno no poner plazos a los procesos sobre los crímenes ocurridos durante el régimen de Augusto Pinochet, en una carta difundida hoy en Santiago.
En la misiva, dirigida al Presidente Ricardo Lagos, la organización también apoya la posibilidad de que sean atenuadas las penas para los militares que entreguen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
La entidad se manifestó totalmente opuesta a fijar un "horizonte temporal" para el término de los procesos, tal como han propuesto sectores militares y de la oposición de derecha.
"Creemos que la imposición de un plazo para las investigaciones podría producir el cierre prematuro de éstas, antes de que logren establecer fundadamente la muerte de la víctima o la identidad de los responsables", precisó la carta firmada por el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
La organización instó al gobierno a entregar nuevos recursos al Servicio Médico Legal para que lleve a cabo con más rapidez la identificación de los cuerpos recuperados.
Human Rights Watch también pide al Poder Judicial que se mantengan los jueces con dedicación exclusiva para estos procesos, que se refieren fundamentalmente a detenidos desaparecidos y suman más de 300 y en los que están involucrados alrededor de 200 militares.
La entidad explicó que los retrasos y dificultades para determinar lo ocurrido han causado gran angustia a los familiares por lo que "se debe hacer todo lo posible por acelerar las investigaciones pendientes y aumentar su eficacia".
La carta del organismo internacional es una contribución al debate sobre estos temas que ha resurgido en Chile al cumplirse 30 años del 11 de septiembre de 1973 y a pocos días de que el Presidente Lagos dé a conocer al país una propuesta integral para afrontar y zanjar los asuntos pendientes de derechos humanos.
Vivanco en su misiva alaba que el gobierno esté analizando medidas para acelerar las investigaciones judiciales sobre las graves violaciones de los derechos humanos.
El organismo también valoró las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien señaló que las violaciones de los derechos humanos "no tenían justificación" y el compromiso de los militares de respetar las decisiones de la justicia.
El organismo también afirma que los tribunales deben investigar las circunstancias que han rodeado la exhumación secreta de cuerpos de detenidos desaparecidos y pedir cuentas a los responsables de destruir pruebas en estos casos.
En este contexto, Human Rights Watch respalda la adopción de leyes "que permitan a los jueces considerar como circunstancia atenuante, a la hora de establecer la condena, el hecho de que los militares hayan proporcionado información valiosa sobre el paradero de los cuerpos".
Sobre la reparación y compensación para los familiares de las víctimas, la organización se mostró partidaria de aumentar los montos así como investigar los casos de torturas y también otorgar a estas víctimas la debida reparación.
En la misiva a Lagos, Vivanco también pide al mandatario que limite "la excesiva competencia de la jurisdicción militar" que abarca los crímenes cometidos por civiles y los delitos no militares cometidos por el personal de las fuerzas armadas.
"Quisiéramos instar al gobierno a enfrentar uno de los más perversos legados del régimen militar. La competencia de los tribunales castrenses debe limitarse puramente a los delitos militares", subrayó Vivanco.
