BUENOS AIRES.— La embajada de Irán en Buenos Aires rechazó el martes las acusaciones que vinculan a ese país con el atentado que en 1994 destruyó una mutual judía y acusó al "sionismo internacional" de manipular a la justicia argentina.
La sede diplomática subrayó que "la República Islámica de Irán considera que la justicia argentina debería hacer sus investigaciones de forma imparcial para llegar a la verdad, dándose cuenta de que estas acusaciones no tienen fundamento alguno".
Y agregó que "Irán objeta y rechaza estas expresiones categóricamente y cree que el escenario producido y proyectado por el sionismo internacional tiene como fin impresionar y manipular a la Nación Argentina, los gobiernos anteriores y el actual".
El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó los ocho pisos del edificio que ocupaba la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) causando la muerte a 85 personas y heridas a más de 200, el peor atentado terrorista en la historia del este país que cobija a la quinta comunidad judía del mundo.
Semanas después del atentado, Argentina e Irán retiraron a sus respectivos embajadores tras las primeras acusaciones contra funcionarios iraníes, pero mantuvieron las relaciones comerciales.
Según un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado argentina (SIDE), un activista del grupo Hezbolá -que actúa en el Líbano con presunto financiamiento y dirección de Irán- fue quien se inmoló al estrellar la camioneta cargada de explosivos contra la AMIA.
A pesar de que en reiteradas ocasiones Teherán negó toda vinculación con el hecho, en marzo el juez que investiga el ataque solicitó a Interpol la detención del ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, un ex correo diplomático y otros dos funcionarios.
Las acusaciones contra Irán volvieron a tomar fuerza el viernes, cuando en un acto en que se recordaban los nueve años del atentado contra la AMIA, dirigentes de las principales organizaciones judías de Argentina apuntaron contra ese país como el principal responsable del ataque.
Pese al informe de la SIDE, la justicia argentina nunca pudo dar con los responsables materiales del ataque, y desde hace casi dos años lleva adelante un juicio contra una decena de acusados -casi todos ex policías- por haber facilitado a los terroristas la camioneta utilizada como coche bomba para demoler la AMIA.
Al tiempo que se conocía la misiva de la embajada iraní, el titular de la AMIA, Abraham Kaul, festejaba la decisión del presidente Néstor Kirchner de ordenar la apertura de los archivos secretos de las fuerzas de seguridad relacionados con el ataque.
"Podrían dar mucha información sobre muchos iraníes que entraron al país antes y después del atentado", dijo Kaul. "Con la medida presidencial hoy todos los elementos a los que podemos acceder los tenemos casi al alcance de la mano", agregó.
Pero agregó que "si ahora hay convicción para que la causa se pueda esclarecer, significa que hubo nueve años de impunidad y encubrimiento".
Recientes investigaciones indican que la SIDE y funcionarios del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) habrían desviado el curso de la investigación sobre el atentado.
A ello se suman las declaraciones que un arrepentido agente de la inteligencia iraní hizo en 2002 al periódico estadounidense The New York Times, al que declaró que Irán habría pagado 10 millones de dólares a Menem a cambio de no aparecer involucrado en el atentado.