BUENOS AIRES.- El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral ordenó este jueves la detención de 46 represores, cuyas extradiciones había reclamado su colega español Baltasar Garzón por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-83).
Se trata de algunos de los máximos responsables del régimen militar -entre ellos los ex comandantes Jorge Videla y Emilio Massera- que pusieron en marcha una poderosa maquinaria represiva en la que pudieron haber muerto hasta 30.000 argentinos, de acuerdo a los archivos de los organismos de derechos humanos.
Además, Garzón pretende poner en el banquillo de los acusados al marino Alfredo Astiz, una figura emblemática de los grupos de tareas del centro de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y el general retirado y recientemente electo alcalde de la ciudad de Tucumán (norte), Antonio Bussi.
"Hemos ordenado los arrestos preventivos, lo que es apenas una etapa previa. Luego debemos esperar los pedidos formales de extradición caso por caso. Es necesario aclarar que el Gobierno tiene la última palabra y si no los quiere extraditar no lo hará", dijo Canicoba Corral a la AFP.
"Lo que la justicia hace en estos casos es determinar si un imputado es extraditable o no, pero de ningún modo toca la cuestión de fondo", explicó el magistrado.
El pedido de Garzón llegó a Interpol el miércoles por la noche y la entidad lo remitió al juez federal de turno, Canicoba Corral, quien firmó las órdenes de arresto la mañana del jueves.
Los imputados están acusados de genocidio, torturas y terrorismo "desarrollado a través de múltiples muertes, lesiones, detenciones, torturas e incendios", según la orden de detención.
La Policía Federal y el ministerio del Interior son los encargados de los arrestos y una vez concretados deberán trasladar a los imputados ante el juzgado, donde serán informados de su situación procesal en una "audiencia de conocimiento".
Posteriormente, de acuerdo a lo que decida el magistrado, podrían ir detenidos a unidades militares y de la Gendarmería.
El único civil que integra la lista de Garzón es el abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa.
El escrito del magistrado español reitera los que había enviado en 1999 y 2001, aunque en esa ocasión los requeridos eran 48, pero el ex dictador Leopoldo Galtieri y el marino Francis Whamond murieron en el interín.
Esos requerimientos quedaron bloqueados por un decreto del ex Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) que prohibía a la Cancillería remitirlos a la justicia.
El tema de las extradiciones volvió al tapete en el país, luego de la decisión de la justicia mexicana de aceptar un pedido de Garzón y remitir el mes pasado al militar retirado argentino Ricardo Cavallo a España para ser juzgado por genocidio.
