BUENOS AIRES.- Sólo dos de los 46 represores requeridos por la justicia española por crímenes cometidos durante la dictadura argentina siguen prófugos, después de que hoy se presentase en los tribunales de Buenos Aires otro de los ex militares.
Se trata de Jorge Olivera Rovere, quien, según informaron fuentes judiciales, decidió entregarse luego de que el magistrado Rodolfo Canicoba Corral rechazase un pedido para que fuera eximido de ir a prisión presentado por su abogado.
Los portavoces añadieron que el único reclamado por el juez español Baltasar Garzón que fue declarado prófugo es el ex capitán de fragata Jorge Rafael Vildoza, quien según presumen los investigadores ha escapado a Paraguay con su familia.
Tampoco se presentó el ex teniente coronel Antonio Arrechea Andrade, que fue visto por última vez hace una semana en su finca de la provincia de Misiones, en el nordeste del país, aunque las fuentes señalaron que ya ha sido localizado.
En tanto, representantes de organismos de derechos humanos argentinos concurrieron hoy a una entrevista con el juez Canicoba Corral para pedirle ser parte en el expediente abierto para analizar la posible extradición a España de los represores.
Garzón pretende juzgar en Madrid a un civil y 45 militares argentinos a los que procesó por genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos durante la última dictadura militar que gobernó el país sudamericano entre 1976 y 1983.
La presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Graciela Rosemblum, dijo a periodistas antes de reunirse con Canicoba Corral que los organismos humanitarios tienen "el legítimo derecho de ser parte" en la causa.
"Tenemos datos puntuales para aportar en cuanto a estos 46 requeridos, que no son los únicos sino los primeros que deberán responder por los crímenes que cometieron", expresó.
Aunque señaló que las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina "trabajan desde hace mucho años con el juez Garzón, siempre la exigencia ha sido que los represores sean juzgados aquí".
Para que eso ocurra deberían ser anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas durante la década de los años 80, que eximieron de responsabilidad a más de un millar de miembros de la dictadura acusados de crímenes de lesa humanidad.
El presidente argentino, Néstor Kirchner, ha dicho públicamente que está a favor de la derogación de ambas normas, pero esa decisión actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país.
Además, hoy quedó oficializado un decreto a través del cual Kirchner derogó otro dictado en 2001 que rechazaba automáticamente los pedidos de extradición vinculados con causas sobre violaciones de los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
