LONDRES.- En declaraciones a la BBC, el canciller peruano Allan Wagner afirmó que la petición de extradición del ex presidente de su país se basa en tres argumentos básicos: la existencia de un proceso en Perú, las pruebas de la participación de Fujimori en los crímenes que se le imputan y la falta de un tratado de extradición entre ambos países.
"Llegaremos hasta la corte de La Haya pero no para discutir la nacionalidad de Fujimori, sino para que se llegue a una decisión sobre cómo juzgarle por crímenes de lesa humanidad", dijo Wagner.
"No queremos hablar todavía de esa posibilidad (de que Japón no acceda a la extradición) pero sí podríamos apoyar una iniciativa judicial en Japón, si eso es lo que decidiera el tribunal de La Haya", añadió el canciller peruano.
El ex presidente (1990-2000) vive en Tokio desde noviembre de 2000, luego de abandonar el país en medio de una crisis política y renunciar a la Presidencia (el Congreso rechazó la renuncia y lo destituyó).
En Japón está amparado por su doble nacionalidad y la disposición del gobierno japonés de no extraditar a sus ciudadanos.
La primera respuesta de Tokio
El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Hatsuhisa Takashima, dijo este jueves que no existe ninguna cláusula legal que permita la extradición de Fujimori.
"No tenemos un tratado de extradición con Perú. Existen esa clase de tratados entre Japón y Estados Unidos y Corea del Sur, pero no con Perú. Por eso, tenemos que actuar de acuerdo con la ley japonesa, que impide al gobierno extraditar a ningún japonés".
Pero eso no significa que Fujimori se libre de enfrentar a un tribunal, según agregó Takashima:
"En este momento, tenemos que leer cuidadosamente el documento que recibimos, si existen serios cargos de crímenes contra la humanidad, nosotros somos firmantes de varios acuerdos y tratados internacionales, por lo que es muy posible que tengamos que pensar en un proceso aquí en Japón".
Perú acusa a Fujimori por presunto homicidio calificado, desaparición forzosa y lesiones graves. Se lo señala como coautor del asesinato de 15 personas en 1991 y del rapto y muerte de otras nueve en 1992.
La investigación en torno a los casos reveló que las masacres fueron cometidas por el llamado "Grupo Colina", integrado por militares que actuaban bajo las órdenes de Fujimori y Vladimiro Montesinos, su asesor de Inteligencia.
Consultado sobre la posibilidad de enfrentar una corte local o una corte internacional, Fujimori negó que haya motivos para que se lo juzgue.
"He sido informado por una fuente entendida que no existe una sola línea en las 700 páginas que me haga responsable de esos crímenes. No tengo nada que ver con eso, yo luché contra el terrorismo en medio de uno de los momentos más sangrientos de la historia del país, con terroristas desperdigados por todo Perú", dijo el ex mandatario.
