BOGOTA.- El juez español Baltasar Garzón advirtió que la impunidad no debe ser la regla en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y los paramilitares de extrema derecha, quienes, según él, podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI).
"En cualquier proceso de paz debe ser respetado que el acuerdo no puede convertirse nunca en un acuerdo de impunidad, el ámbito de la justicia penal debe quedar reservado", declaró hoy Garzón, quien llegó el domingo a Bogotá para asistir a un seminario contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
Garzón estimó que ese principio debe prevalecer en el caso de las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos contra los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, por cargos de narcotráfico.
"Es cuestión de que los dos gobiernos, llegado el momento, decidan en aras de que la impunidad no sea la regla, sino que haya una respuesta de paz, pero sin olvidar que no hay paz sin justicia", dijo el juez, en una entrevista publicada hoy por el diario El Tiempo.
En ese sentido, Garzón señaló que todo proceso de paz tiene "límites" y que éste "no se puede aceptar mientras las armas no se entreguen", "no se renuncie a la violencia" y no se indemnice a las víctimas de los crímenes cometidos por los grupos armados ilegales.
"En un Estado de derecho creo que hay margen suficiente para dar satisfacción a las víctimas, como exige la ley, para dar una respuesta penal y asimismo para pacificar el país", remarcó el juez, quien cobró notoriedad cuando dictó en Madrid la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres.
Garzón recordó que Colombia no debe olvidar que ratificó la Corte Penal Internacional (CPI), la cual podría juzgar a los paramilitares en caso de que no actúe la justicia colombiana.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han manifestado su temor de que queden impunes los crímenes de los paramilitares, acusados de asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado de comunidades enteras de campesinos, entre otros delitos.
Castaño ha señalado que una actitud "vengativa" en el castigo a los crímenes de los paramilitares pondría en riesgo el proceso de desmovilización y ha sugerido que Estados Unidos suspenda las solicitudes de extradición para facilitar el proceso de paz.
El presidente colombiano Álvaro Uribe ha asegurado que su gobierno examinará el tema de las extradiciones directamente con las autoridades de Washington, pero éstas han reiterado que mantendrán las solicitudes pese al proceso de paz.
Uribe también ha propuesto libertad condicional a los miembros de los grupos armados ilegales que acepten una negociación de paz.
El gobierno anunció el pasado 15 de julio la desmovilización de unos 13.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -que agrupa a un 70% de los paramilitares colombianos-, en un proceso que deberá estar concluido antes de diciembre de 2005.
