MADRID.- El fiscal de la Audiencia Nacional española Pedro Rubira solicitó hoy que el Gobierno de Madrid no reclame la extradición de los 46 militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garzón por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas.
En un escrito remitido a este tribunal y referido a las 26 personas cuya detención ha sido ya comunicada a Garzón por Argentina, Rubira insiste en la "falta de competencia" de España para enjuiciar los hechos.
Para justificar este extremo, el fiscal cita una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado "caso Guatemala", que estableció que sólo pueden investigarse en España los casos de torturas cuando las víctimas son españolas.
Añade que, en esa misma sentencia, el Supremo afirmó que "no se puede además seguir este proceso en España cuando los hechos están siendo enjuiciados en el país en el que sucedieron".
En este sentido, el fiscal señala que "en el caso actual, existen datos de que el cambio político y judicial (en Argentina) está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad de las ’leyes contra la impunidad’".
"En consecuencia, no puede aceptarse que tras los acontecimientos que está viviendo la República Argentina sea necesaria la intervención de la jurisdicción española en virtud del principio de la jurisdicción universal", asegura en su escrito el representante del ministerio público.
La postura de Rubira contrasta con la de las diferentes acusaciones personadas en este proceso, quienes ya han formalizado ante Garzón una petición para que se entregue a España a 26 detenidos por las autoridades argentinas.
Las acusaciones también piden que, mediante una comisión rogatoria, se solicite a la Justicia argentina que haga efectivo el embargo de bienes por valor de más de 2,6 millones de dólares acordado por el juez Garzón en relación con los procesados.