BUENOS AIRES.- El ex presidente Jorge Videla alegó hoy que desconoce la "capacidad jurídica" del juez español Baltasar Garzón en el proceso por el que puede ser extraditado junto a otros argentinos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
Videla fue notificado hoy por el magistrado Canicoba Corral de la orden de captura con fines de extradición contra él y otros 45 argentinos procesados en España por genocidio, terrorismo de Estado y torturas durante la última dictadura militar (1976-1983).
A través de un escrito presentado por sus abogados, el ex presidente de "facto" señaló que Garzón "no tiene capacidad jurídica fuera del territorio español para arrogarse facultades que no tiene", dijeron fuentes judiciales.
Según los letrados, el pedido de extradición del juez de la Audiencia Nacional española es "nulo" porque "afecta principios constitucionales y tratados internacionales" suscritos por Argentina.
Videla, actualmente procesado por la justicia local y bajo arresto domiciliario por su responsabilidad en el robo de hijos de desaparecidos, fue notificado de su situación junto a otros represores incluidos en la nómina de Garzón que están detenidos.
También fueron llevados a los tribunales de Buenos Aires el ex general Guillermo Suárez Mason, los ex marinos Jorge "Tigre" Acosta, Rubén Franco y Juan Orlando Rolón, además del ex miembro de la Prefectura Naval Héctor Febres.
En cambio, el ex jefe de la Armada Emilio Massera no pudo ser trasladado debido a que se encuentra internado en grave estado en un hospital a raíz de un derrame cerebral que sufrió en diciembre último.
Hasta ahora han sido detenidos 41 de los reclamados por España, dos fallecieron y los tres restantes fueron declarados prófugos por el juez argentino a cargo del caso, Rodolfo Canicoba Corral.
Esta semana el magistrado explicó a EFE que la notificación de los arrestados es un paso previo al envío "de las correspondientes comunicaciones a Garzón a los fines de que presente el pedido formal de extradición, para lo cual cuenta con un plazo de 40 días".
El Presidente Néstor Kirchner derogó el pasado 25 de julio un decreto suscrito en 2001 que obligaba a los jueces a rechazar inmediatamente cualquier pedido de extradición de argentinos responsables de la represión durante los "años de plomo".
Pero el gobernante es partidario de que los represores sean juzgados en Argentina y para ello impulsa la anulación de dos leyes que en la década de los años 80 libraron de responsabilidad a más de un millar de acusados de violaciones de los derechos humanos.
Kirchner recibió hoy a los líderes de los principales organismos humanitarios, quienes le expresaron su satisfacción por el "muy importante" giro que ha dado el Gobierno para castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, destacó que el mandatario ha llevado a cabo "una muy fructífera labor" con "acciones concretas contra la impunidad" desde que asumió el 25 de mayo pasado.
"Hasta ahora había grandes inconvenientes de parte del poder político" para investigar violaciones de los derechos humanos, subrayó tras afirmar que "no existe la democracia si no se conserva la memoria".
"Desde el 25 de mayo pasado estoy viendo con satisfacción el espíritu de lucha por la recomposición social por la que lucharon los 30.000 desaparecidos", apuntó Carlotto.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, elogió al jefe del Estado por apoyar la investigación de los delitos cometidos por el régimen militar y "avanzar en las medidas que hay que encarar para combatir la pobreza".
Como Kirchner, las organizaciones de defensa de los derechos humanos apoyan la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sobre cuya validez debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial del país.
El miércoles próximo está previsto que se debata un proyecto para declarar la invalidez de esas normas en la Cámara de Diputados, donde hay intensas negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios.
Mientras los legisladores del oficialista Partido Justicialista no han logrado acordar una postura común, los de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria del país, adelantaron que se opondrán a la anulación de las llamadas "leyes de impunidad".
