TEGUCIGALPA.- La muerte del ex Presidente de Honduras Carlos Roberto Reina se debió a un suicidio porque estaba agobiado por un cáncer de páncreas, dijeron este miércoles autoridades y familiares.
Reina, que gobernó la nación centroamericana de 1994 a 1998, falleció el martes a los 77 años de edad en su residencia en una selecta zona de Tegucigalpa por un disparo en la cabeza, informó un funcionario del Ministerio Público.
"El se suicidó. La autopsia indica que tenía un balazo en el costado de la cabeza", dijo a Reuters el funcionario, que pidió no ser identificado.
La familia de Reina, considerado el último caudillo del ahora opositor Partido Liberal y con una carrera política de casi 60 años, dijo al principio que la muerte había sido causada por el cáncer, por el que había sido intervenido quirúrgicamente hace casi dos meses en San Antonio, Estados Unidos.
El ex gobernante, político, jurista, académico y diplomático, es recordado por haber logrado avances en el sometimiento de los militares al poder civil luego de dictaduras militares que por 20 años gobernaron Honduras hasta 1982.
Reina también lanzó una cruzada contra la corrupción, ensombrecida por episodios ilícitos durante su administración.
El hermano del ex Mandatario, Jorge Arturo Reina, reconoció este miércoles en declaraciones a un noticiero del local canal 9 de televisión que Reina se quitó la vida. "El quiso no seguir sufriendo más", dijo.
Los restos de Reina fueron velados en la noche del martes en la casa de gobierno y este miércoles se hallaban en una sala funeraria privada antes de su sepelio a las 16.00 horas locales (22.00 GMT), dijeron allegados a la familia.
El ex presidente fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, entre 1979 y 1985, y de 1981 a 1983 presidente del organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se desempeñó entre 1990 y 1992 como agente de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una disputa limítrofe con El Salvador resuelta a favor de Tegucigalpa en una sentencia de septiembre de 1992.
