BUENOS AIRES.- El Senado de Argentina se constituyó hoy en el tribunal que tramitará el proceso de juicio político, con fines de destitución, de Eduardo Moliné O’ Connor, un cuestionado juez de la Corte Suprema de Justicia acusado de presunta corrupción y mal desempeño de sus funciones.
El Senado, que actúa como juez de jueces, tendrá a su cargo el proceso contra el magistrado, después de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara el juicio político contra Moliné.
Tras ese trámite, una mera formalidad que se realizó rápidamente y sin discursos, el jefe del bloque del Partido Justicialista (oficial), Miguel Angel Pichetto, propuso convocar para el próximo miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que recomendó inicialmente la destitución del magistrado.
De cumplirse esos pasos, en septiembre los 72 senadores se constituirán como tribunal de enjuiciamiento y darán comienzo al proceso contra el juez supremo, tras lo cual la Cámara Alta podrá suspender preventivamente al magistrado en sus funciones.
Moliné O’Connor, un dirigente de la asociación de tenis local, dijo en varias oportunidades que seguirá defendiéndose y que "no piensa renunciar" a su cargo, tal como hizo el pasado 27 de junio el entonces presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, cuando se había decidido someterlo a juicio político.
Nazareno y Moliné O’Connor integraban la llamada "mayoría automática" de jueces que llevó al tribunal a fallar a favor de los intereses del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).
Entre los cargos que se le imputan a Moliné O’Connor se inclñuye uno por convalidar una polémica sentencia que forzaba al Estado a pagar una millonaria indemnización a una empresa, pese a que dos organismos de control de gastos estatales habían impugnado el reclamo de la compañía.
También está bajo sospecha su aplicación en un fallo del concepto de "cosa juzgada" por el cual se impidió a un juez investigar una causa por contrabando de automóviles.
Además, se acusa a Moliné O’Connor por su participación en una resolución de la Corte Suprema que sancionó a algunos jueces, una medida que, según la Comisión de Juicio Político, constituyó una invasión de las funciones propias del Consejo de la Magistratura y un mecanismo de presión hacia los magistrados sancionados.
La renovación de los miembros de la Corte Suprema, una de las instituciones más desprestigiadas de Argentina, es uno de las principales demandas de la sociedad y uno de los objetivos del presidente del país, Néstor Kirchner.
