BUENOS AIRES.- El Senado argentino anuló en la madrugada del jueves dos leyes de amnistía que ampararon a miles de militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, en un gesto que presiona a la Corte Suprema para que las declare inconstitucionales.
Tras casi 8 horas de debate, los legisladores declararon la nulidad de las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final", dictadas en la década de 1980 luego del retorno de la democracia, en medio de presiones del sector militar.
La medida, que ya obtuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, tendría escaso valor jurídico según expertos, aunque constituye un paso más en la estrategia del gobierno, que busca presionar al alto tribunal para que se expida sobre la validez de las leyes.
"Hoy estamos haciendo un acto de reparación y de reconstrucción institucional y moral de la República Argentina", indicó la senadora Cristina Fernández, esposa del Presidente Néstor Kirchner, quien fue la última oradora del debate.
Familiares de desaparecidos durante la última dictadura y miembros de organizaciones de derechos humanos que estaban presentes en el lugar festejaron con aplausos y cánticos la decisión de los legisladores.
La sesión también fue seguida por un centenar de personas que se congregaron en las inmediaciones del Congreso con pancartas.
La última dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 montó un plan para eliminar a sus opositores que dejó un saldo de miles de muertos y desaparecidos.
Con el regreso de la democracia, en 1983, los jerarcas militares fueron juzgados y condenados.
Sin embargo, la ley de "Obediencia Debida" exculpó a los militares que cumplían órdenes, dejando caer toda la responsabilidad sobre la cúpula del gobierno de facto, mientras que la de "Punto Final" estableció una fecha límite para la presentación de denuncias por desapariciones.
El Presidente Kirchner, un peronista de centroizquierda, apoya la anulación de ambas leyes, sin embargo es la Corte Suprema de Justicia quien tendrá la última palabra sobre su validez.
El máximo tribunal debe expedirse sobre la cuestión, para lo que no tiene un plazo definido.
El debate sobre la constitucionalidad de las dos leyes se reavivó luego de la detención de más de 40 militares por las atrocidades cometidas durante la dictadura a pedido del juez español Baltasar Garzón.
En la misma sesión el Senado otorgó rango constitucional a un tratado internacional que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en otra medida encaminada a enjuiciar a los militares.
