BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó hoy una petición del ex general Jorge Videla para que se anule el proceso que se le sigue por múltiples robos de hijos de desaparecidos durante el último régimen militar.
Por seis votos a favor y dos abstenciones, el tribunal rechazó una apelación en la que Videla adujo que el proceso debe anularse porque se trata de una "cosa juzgada", dijeron fuentes judiciales.
El ex presidente argentino Jorge Videla, quien gobernó desde 1976 hasta 1980, adujo que el robo de hijos de desaparecidos fue uno de los delitos por los que fue condenado a severas penas en 1985, junto con otros jerarcas del régimen militar que al igual que él fueron indultados en 1990.
Pero la Corte Suprema rechazó ese argumento y por tanto confirmó el auto de prisión que por razones de edad cumple Videla en su domicilio desde 1998, por orden de un juez federal que lo acusó por múltiples casos de robos de bebés nacidos cuando sus padres desaparecidos estaban ilegalmente detenidos.
El fallo del tribunal también sienta un precedente para que sigan avanzando decenas de causas abiertas en la justicia federal por ese mismo delito.
Por el robo de hijos de desaparecidos también están procesados y detenidos el ex almirante Emilio Massera, el ex general Guillermo Suárez Mason y el ex marino Jorge "Tigre" Acosta, entre otros.
Videla, Massera y Acosta están incluidos en la lista de acusados por delitos de represión cuya extradición pidió el mes pasado el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación de Videla poco después de que el Senado declarara la nulidad de la leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que a mediados de la década de los 80 beneficiaron a miles de acusados por delitos de represión.
Al cabo de un largo debate que concluyó en la madrugada de hoy, el Senado también convirtió en ley la adhesión de Argentina a un tratado de las Naciones Unidas que declara "imprescriptibles" los delitos de lesa humanidad.
Según datos oficiales, unos 18.000 activistas de izquierdas y sindicalistas desaparecieron durante la represión política desatada por el último régimen militar (1976-1983), al que los organismos humanitarios le atribuyen la desaparición de 30.000 personas.
