LIMA.- Casi 70.000 personas murieron o desaparecieron en Perú durante la guerra de dos décadas entre las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros, dijo el jueves la Comisión de la Verdad, duplicando la cifra de anteriores evaluaciones.
"Las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y una deshonra para el Estado y la sociedad peruana. La (cifra de muertes) es abrumadora", dijo Salomón Lerner, el presidente de la Comisión, al entregar su informe final de nueve tomos en Palacio de Gobierno.
"Los peruanos solíamos decir en nuestras peores previsiones que la violencia había dejado 35.000 vidas perdidas, ¿qué se puede decir de nuestra comunidad política ahora que sabemos que faltaban 35.000 más de nuestros hermanos sin que se los echara de menos?", añadió Lerner con lágrimas en los ojos.
Un 54 por ciento de los 23.900 muertos identificados fueron atribuídos al grupo maoísta Sendero Luminoso, considerado "terrorista" por Estados Unidos, dijo a Reuters un funcionario de alto rango de la comisión, que pidió no ser identificado.
El 30 por ciento de los muertos identificados fueron atribuídos a las fuerzas del orden y el resto al guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y a los grupos de autodefensa instalados en las zonas de mayor violencia, agregó.
Tras dos años de labor, los 12 miembros de la comisión entregaron su informe al Presidente Alejandro Toledo con sus recomendaciones para que la violencia no se repita.
De cada cuatro muertos, tres hablaban quechua, según la comisión, que además estimó que fueron decenas de miles los desaparecidos. Acusó también a las fuerzas de seguridad de cometer crímenes de lesa humanidad.
La violencia sucedió entre los gobiernos del conservador Fernando Belaunde (1980-1985), el socialdemócrata Alan García (1985-1990) y el neoliberal Alberto Fujimori (1990-2000), quien vive prófugo en Japón, mientras Perú espera su extradición.
Sendero Luminoso retomó impulso desde hace un año asesinando a civiles y militares, aunque con menos fuerza que antes, pues su atentados disminuyeron tras la captura en 1992 de su cabecilla, Abimael Guzmán alias "presidente Gonzalo".
Sus acciones empezaron en 1980 en los Andes del departamento de Ayacucho, que en quechua significa "rincón de los muertos" y es donde se ha registrado el mayor número de víctimas.
Belaunde no pudo contener en esa época la crisis económica, que arreció con la gestión de García, quien acumuló en un quinquenio una hiperinflación de 2,2 millones por ciento y la pobreza azotó el país como caldo de cultivo de la subversión.
Luego, Fujimori gobernó con duras leyes antiterroristas y anmistió a efectivos de seguridad que actuaron en la guerra interna, antes de ser destituído por el Congreso en el 2000, al principio de su tercer mandato consecutivo, luego que huyera a Japón a raíz de un escándalo de corrupción.
Perú pidió su extradición a Japón, donde está amparado por su doble nacionalidad, para juzgarlo como "coautor" de dos matanzas de 25 personas en 1991 y 1992.
Tras oir a 16.885 testimonios, muchos en quechua, en unos 530 distritos de costa, Andes y selva, la Comisión de la Verdad investigó sólo 73 casos y realizó tres exhumaciones.
Algunos testimonios fueron difundidos en audiencias públicas en siete de los 24 departamentos de Perú.
"El informe que entregamos expone un doble escándalo, el del asesinato, la desaparición y tortura en gran escala y el de la indolencia, ineptitud e indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe y no lo hicieron", declaró Lerner.
Por su parte, Toledo dijo que "nunca más la historia de terror se repita en nuestra nación".
