GINEBRA.- Un acuerdo que habría permitido la importación por los países pobres de los medicamentos genéricos patentados por la industria farmacéutica se frustró hoy debido a diferencias de interpretación expresadas en el último momento por varios miembros de la OMC, como Argentina, Venezuela y Filipinas.
El acuerdo, que horas antes había recibido la luz verde del Consejo de Propiedad Intelectual y Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras ser negociado por EEUU, Brasil, la India, Suráfrica y Kenia, no fue aprobado finalmente esta madrugada por el Consejo General, como estaba previsto.
El presidente del Consejo General -órgano supremo de la OMC-, el uruguayo Carlos Pérez del Castillo, reconoció que necesitaba tiempo para seguir haciendo consultas con los países miembros. "Queremos un buen acuerdo que reconcilie los diferentes puntos de vista", señaló.
Por su parte, el embajador de Argentina ante la OMC, Alfredo Vicente Chiaradía, dijo que "nosotros partimos de que, en un ejercicio como la aprobación de un documento, la base tiene que ser el diálogo".
El diplomático afirmó que su país quiere "una aprobación rápida del acuerdo", pero agregó que el resultado final debe basarse en un "entendimiento colectivo".
Una serie de países habían querido hacer declaraciones expresando sus interpretaciones del documento antes de que Pérez del Castillo leyera el texto del preacuerdo alcanzado anteriormente por el grupo de cinco estados negociadores.
La reunión del Consejo General fue suspendida pocos minutos después del comienzo y, en principio, debe reanudarse el viernes. Ninguno de los diplomáticos consultados se atrevió a vaticinar si el tema seguirá discutiéndose hasta la reunión ministerial de Cancún (México), del 10 al 14 de septiembre.
Algunos países, como Venezuela y Filipinas, habían planteado interrogantes sobre las implicaciones negativas que la interpretación de este texto pudiera tener para sus políticas industriales.
El texto leído por Pérez del Castillo añadía una serie de nuevas condiciones y restricciones a un acuerdo anterior, preparado por el embajador de México, Eduardo Pérez Motta, que había obtenido ya el consenso de todos los países con excepción de Estados Unidos. El documento acordado finalmente por el Consejo de Propiedad Intelectual se basa en la propuesta del diplomático mexicano, pero incorporaba algunos puntos que EEUU consideraba esenciales.
La administración de Washington, presionada por su poderosa industria farmacéutica, que financia campañas electorales, había exigido garantías específicas para evitar posibles abusos y el desvío de los fármacos importados bajo ese sistema a terceros mercados.
En virtud de este nuevo documento, los países se comprometen a utilizar el nuevo sistema "de buena fe", exclusivamente para "proteger la salud pública" y en ningún caso "para perseguir objetivos de política industrial o comercial".
Asimismo, acuerdan garantizar que esos medicamentos genéricos lleguen a los mercados a los que están dirigidos y que no se reexportarán a otros, donde competirían gracias a su mucho mejor precio con los originales patentados. Se entiende además que esas condiciones valen no sólo para los "productos farmacéuticos" como tales, sino asimismo para los ingredientes activos que se produzcan y suministren en virtud de ese sistema.
Esas y otras garantías relacionadas con el etiquetado especial de esos productos para permitir su rastreo buscan disipar los fuertes recelos de la industria farmacéutica, que teme que países en desarrollo como Brasil y la India, con poderosas industrias de genéricos, aprovechen los intersticios del sistema para potenciar sus exportaciones de medicamentos simplemente copiados.
Los genéricos que se exportasen bajo ese mecanismo se acogerían a la flexibilidad del acuerdo sobre propiedad intelectual y comercio (acuerdo TRIPS) de la OMC, que permite a un país, en casos excepcionales, producir localmente la copia de una medicina patentada sin autorización expresa del titular de los derechos.
El problema se plantea cuando el país con un problema sanitario grave carece de capacidad para fabricar localmente el genérico que necesita y debe importarlo de otro, lo que se produciría bajo el sistema conocido como "licencia obligatoria".
El acuerdo TRIPS establece, en efecto, que se podrá recurrir a una licencia de ese tipo, que suspende un derecho de patente, si su titular no se aviene a ofrecer un producto a un precio razonable.
