BUENOS AIRES.- Un fiscal federal argentino solicitó el jueves la detención de 38 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, dijo el jueves una fuente judicial.
El pedido es la primera acción en las causas reabiertas tras la anulación en el Congreso de dos leyes de amnistía que habían dejado fuera del alcance de la justicia a miles de militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
El fiscal Eduardo Freiler pidió el arresto del ex general Guillermo Suárez Mason, y de los agentes civiles de inteligencia Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, entre otros presuntos ex represores, por una causa en la que se investiga el rol del Cuerpo I del Ejército durante la llamada "guerra sucia", en la que murieron hasta 30.000 opositores a la dictadura.
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría, a cargo de la causa, debe ahora decidir si acepta o no el pedido de detención.
Los involucrados estaban procesados y fueron amparados a fines de la década de 1980 por dos leyes de perdón aprobadas por el Congreso, que impidieron seguir con los juicios a miles de militares.
Pero hace dos semanas los legisladores anularon esas leyes ante el impulso del presidente Néstor Kirchner, que lanzó una campaña para que sean castigados los culpables de esos crímenes. Tras la anulación, las causas fueron reabiertas.
Esta semana el ministro de Defensa, José Pampuro, calculó que si todas las causas desactivadas se retoman, "unos dos mil militares, casi todos retirados, pueden ser juzgados nuevamente, aunque también podría ser citado alguno en actividad".
Durante la dictadura cerca de 30.000 personas -aunque algunas fuentes militares afirman que la cifra no supera los 9.000- habrían sido secuestrados, torturados y asesinados por las fuerzas de seguridad.
Los cuerpos de muchos de ellos fueron arrojados al Río de la Plata o enterrados en fosas comunes en todo el país.
Según la justicia argentina, muchos opositores -entre los que había guerrilleros, sindicalistas, estudiantes, docentes y profesionales- fueron torturados con electricidad y vejados con atroces métodos.
Algunos sectores de la sociedad opinan que el gobierno de Kirchner, que se propuso castigar a quienes violaron los derechos humanos, está haciendo resurgir viejos antagonismos y conflictos que ya estaban olvidados en Argentina.
"Los familiares de desaparecidos y la sociedad siguen pidiendo justicia. No es revolver el pasado, sino el mismo pedido de justicia que se viene haciendo desde hace muchos años", afirmó recientemente a Reuters Carolina Varsky, abogada del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales.
