MIAMI.- A partir del próximo lunes Armando Fernández Larios, ex miembro de la DINA, afrontará un segundo juicio, esta vez civil, por "torturas y asesinato en el extranjero". El ex mayor del Ejército, quien en 1987 se entregó a la justicia estadounidense, fue condenado a tres años de prisión por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington en 1976.
En el mismo caso fue condenado el estadounidense Michael Townley como autor material del asesinato. El ex agente de la DINA obtuvo al parecer un "acuerdo de protección" en EE.UU. que le permitió residir en el país e impide su deportación o extradición por su cooperación como testigo en el caso Letelier.
Abogados han afirmado que ese acuerdo es el que ha impedido la presencia de Fernández Larios en diversos juicios por asesinato, supuestamente planificados por la DINA y cometidos fuera de EE.UU., a los que el ex agente ha sido citado. Entre los más notorios se encuentran el juicio en Argentina por el asesinato, en 1974, del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército chileno y; en Chile, el del ejecutivo de Corporación del Cobre de ese país David Silberman, ultimado en 1973 en la norteña ciudad de Calama.
El nuevo juicio contra Fernández Larios, de 53 años y residente en Miami desde 1987, es por su supuesta participación en la tortura y muerte del economista Winston Dwight Cabello Bravo, el 17 de octubre de 1973. Cabello Bravo, padre de dos hijos, era director de una oficina de planificación del Estado en el norte de Chile (Atacama y Coquimbo) cuando se produjo su muerte, presuntamente a manos del entonces teniente Fernández Larios. La madre y hermanos de la víctima iniciaron hace tres años y siete meses un proceso en contra del ex agente que culminará con su procesamiento en Miami.
El juicio civil contra Fernández Larios se invocó en base a dos leyes del siglo XIX usadas para prevenir crímenes de piratería: la Alien Tort Claims (Reclamo por torturas en el extranjero) y la Torture Victim Protection Act (Protección a las Víctimas de Tortura). En 2002, ambas leyes fueron usadas en un proceso en Miami contra dos generales salvadoreños acusados de tortura y condenados a pagar 54,6 millones de dólares en indemnización, aunque ambos se declararon "pobres de solemnidad". La jueza de ese caso fue Joan Lenard, la misma encargada del proceso contra Fernández Larios.
Si es declarado culpable, Fernández Larios podría sufrir penas similares aunque, según los querellantes, hay indicios de que "ya no tiene nada a su nombre y también podría declarase pobre", además, el supuesto "acuerdo de protección" impediría su deportación. Sin embargo, para la familia Cabello, que en su mayoría reside en California (EEUU) desde 1974, una simple resolución condenatoria es suficientemente satisfactoria. "Este es un juicio que persigue un fin moral, no económico", dijo Zita Cabello Barrueto, hermana de Winston y principal promotora de la acusación. "Pretende dar un ejemplo al mundo de que los violadores de los derechos humanos no pueden ni quedar impunes, ni encontrar refugio en ninguna parte del mundo", agregó. "Lo único que queremos es que se haga justicia", indicó Zita Cabello, quien también es economista como su hermano asesinado, y profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California.
Los abogados de California que representan a la familia Cabello dijeron que "la presencia en EEUU de violadores de los derechos humanos durante el régimen de Pinochet no debe ser tolerada. EEUU no se debe convertir en un refugio para asesinos y torturadores". Los abogados de Fernández Larios han negado todos los cargos de tortura y asesinato en el caso de Winston Cabello y de otras doce personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en el norte de Chile.
Según fuentes cercanas al proceso judicial, este podría ser de "trámite rápido" y la jueza Lenard podría tomar una resolución en dos semanas.
