LA PAZ.- Un día después de la masiva protesta contra la exportación de gas que paralizó la mitad de Bolivia, el poderoso sindicato agrario llamó a "extender a nivel nacional" el corte de rutas que por sexto día consecutivo afecta el Altiplano andino y los Yungas, centros de provisión de alimentos de La Paz.
"Esto tiene que extenderse a nivel nacional. Estamos convocando a todos a plegarse a este movimiento en valles, en oriente como también en tierras bajas", proclamó el líder de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe.
Diputado y jerarca de los campesinos aymaras de los Andes bolivianos, Quispe insistió en que "nosotros vamos a continuar con nuestras medidas de presión" y "vamos a seguir bloqueando (rutas) en diferentes lugares" del país, para revertir una ley de reparto de tierras, la inmediata distribución de éstas en el Altiplano y la mecanización del agro en esta deprimida zona andina.
Centrado en el Altiplano, principal reducto de Quispe, el corte de rutas, también en oposición al Area de Libre Comercio de las Amércias (ALCA) y la privatización de empresas estatales, tiene al borde del desabastecimiento de productos lácteos, cárnicos y tubérculos a La Paz, la segunda ciudad más poblada del país y sede del gobierno.
Las rutas andinas tomadas por los labriegos aymaras vinculan el occidente boliviano con Perú y Chile, por donde fluye el turismo desde y hacia Bolivia y también una intensa actividad comercial.
El gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó a fuerzas militares y policiales que despejen las vías andinas, mientras negocia con autoridades tradicionales y administrativas de los Yungas una solución al bloqueo de caminos en esos valles agrícolas cerca de La Paz.
Militares también controlan las vías que vinculan la capital con localidades productoras de hortalizas de Río Abajo, escenario el viernes de enfrentamientos con campesinos.
El foco más conflictivo de la medida de fuerza campesina, la localidad de Sorata, a 147 km de La Paz, fue objeto este sábado de una operación militar-policial de ’’rescate’’ de unos 2.000 turistas, feligreses y folcloristas que permanecían varados hace una semana sin recursos, alimentos y alojamiento.
Después de partir hacia La Paz bajo protección militar un convoy con los damnificados a bordo y mientras los pobladores exigían atención a sus requerimientos, producto del corte de rutas, los lugareños agredieron de palabra y obra al ministro de Defensa, Carlos Sánchez, hombre de la más íntima confianza de Sánchez de Lozada, quien encabezó la operación, según reportes de medios locales.
"Los comunarios llegaron a golpear a la autoridad e incluso pretendieron chicotearlo (someterlo a latigazos), pero la oportuna intervención de los militares impidió ese hecho", relató un poblador citado por la privada agencia Jatha.
En posteriores declaraciones a la red de televisión Unitel, Sánchez Berzaín admitió quien fue ofendido de palabra y restó importancia al episodio.
Tras descalificar la protesta contra la exportación de gas por un puerto chileno o para Chile, promovida la víspera por sindicatos y la oposición liderada por el diputado socialista Evo Morales, el gobernante convocó al "Diálogo III", sobre la base de una propuesta de pacificación nacional formulada recientemente por la Iglesia Católica.
Un dirigente cívico de la central ciudad de Cochabamba, Oscar Olivera, convocó a nuevas movilizaciones contra la venta del recurso, gestionado por petroleras extranjeras desde el 19 de octubre si el gobierno no cambia su política petrolera y revoca la legislación del sector.
