BAHÍA BLANCA.- La Corte Suprema de Justicia de Argentina deberá decidir si acepta el pedido de extradición del ex marino Alfredo Astiz a Francia, donde fue condenado en ausencia a reclusión perpetua por el asesinato de dos monjas francesas durante la última dictadura militar.
El máximo tribunal argentino quedó a cargo de la causa luego de que el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió hoy aceptar el recurso de apelación presentado por la fiscalía luego de que el magistrado resolvió rechazar la extradición del ex represor a Francia, según informó la agencia noticiosa Télam.
El fiscal federal Antonio Horacio Castaño informó hoy que "fue concedido el recurso de apelación interpuesto ante el juez que dictó la sentencia" en la que se rechazó el pedido del gobierno francés.
Por ese motivo, será "la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que en definitiva resuelva la última instancia judicial", declaró el fiscal a Télam.
Fuentes judiciales habían anticipado días pasados que el gobierno francés también presentaría una apelación ante la Corte Suprema de Justicia mediante un apoderado.
La justicia francesa condenó en 1990 en ausencia a Astiz a prisión perpetua por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Dumond y Leonide Duquet durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-83).
Alvarez Canale denegó el 20 de agosto pasado la solicitud francesa por "improcedente" porque el pedido ya fue tramitado por el mismo juzgado en 1985 y 1990 y, además, existe otra causa abierta que garantiza el juzgamiento de Astiz en la Argentina, y por la cual está procesado y en prisión preventiva.
El magistrado señaló que no corresponde conceder la extradición del marino reclamada por Francia porque "ya existe otra causa en el juzgado número 12 de Sergio Torres por el mismo hecho y eso garantiza el juzgamiento en la Argentina".
Astiz se encuentra actualmente en Buenos Aires detenido a disposición del juez federal Torres, quien tiene al ex marino como uno de los imputados en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura.