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Departamento de Justicia abre investigación sobre filtración en la Casa Blanca

La posible revelación no autorizada por parte de la Casa Blanca, en relación a la identidad de una agente encubierta de la CIA, está causando serias complicaciones en la administración Bush.

30 de Septiembre de 2003 | 09:26 | Agencias
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha abierto una investigación formal sobre la filtración del nombre de una agente de la CIA, en una iniciativa que amenaza con desatar una auténtica tormenta política en el seno de la Casa Blanca.

El fiscal general y cabeza del Departamento, John Ashcroft, confirmó hoy la apertura de la investigación e indicó que ha pedido tanto a la Casa Blanca como a la Agencia Central de Información (CIA) que conserve todos los documentos, incluidos listados de llamadas telefónicas y correos electrónicos, que puedan ser relevantes al caso.

Pero Ashcroft, un estrecho colaborador de Bush, no quiso indicar porqué ha rechazado que sea una comisión independiente la que se haga cargo del caso en vez del Departamento del Justicia, una instancia gubernamental.

"La investigación está abierta, por lo que no voy a hacer más comentarios", indicó.

La oficina del Presidente George W. Bush ha indicado que cooperará por completo con el Departamento de Justicia en la investigación, que examinará las acusaciones de que funcionarios de la Casa Blanca filtraron a la prensa el nombre de la agente secreta Valerie Plame como venganza contra su esposo, el ex embajador Joseph Wilson.

Wilson es uno de los mayores críticos a la política de Washington acerca de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak.

El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, declaró hoy que "el presidente George W. Bush ha ordenado que se coopere plenamente con la investigación".

Bush, aseguró McClellan, "es el primer interesado en que todo esto se aclare", ya que "opina que la filtración de material clasificado es algo muy grave y una fuente de preocupación".

El nombre de Plame apareció publicado en una columna de amplia distribución del periodista Robert Novak, que aseguró que "dos altos funcionarios de la administración" le habían proporcionado la identidad.

Los dedos apuntaron inmediatamente a Karl Rove, el principal asesor político de Bush.

La Casa Blanca ha negado tajantemente estas acusaciones: "simplemente no es verdad" que Rove tenga nada que ver con la filtración, según declaró McClellan el lunes.

La oposición demócrata y los críticos del Gobierno estadounidense consideran que el caso pone en entredicho la integridad del propio Bush y exigen una investigación encabezada por un organismo ajeno al Ejecutivo.

El senador demócrata por Nueva York Charles Schumer, que envió el lunes una carta a Bush y Ashcroft en este sentido, dijo hoy en el pleno del Senado que la filtración "no sólo es algo sucio, es como un ataque a traición" producido por una "razón frívola y sucia", la represalia porque "Wilson revelara la verdad".

El líder demócrata en el Senado, Tom Daschle, indicó que el rechazo de la Casa Blanca a una investigación independiente hace surgir "verdaderas preocupaciones acerca de la objetividad y el grado hasta el que están dispuestos a averiguar esto".

Wilson, ex embajador en Gabón, había viajado a Níger en febrero de 2002 a petición de la CIA para evaluar lo que había de verdad en las denuncias acerca de Irak había intentado comprar uranio a ese país.

El ex embajador concluyó que esa acusación era infundada, algo con lo que se mostró de acuerdo la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA), que decidió que los documentos en los que se basaban las acusaciones habían sido falsificados.

Aun así, la acusación se incluyó en el discurso sobre el Estado de la Unión de Bush, en enero pasado.

En julio, Wilson publicó un artículo en el periódico "The New York Times" en el que arremetía contra esa decisión y que motivó que la Casa Blanca tuviera que admitir públicamente que había cometido un error en sus acusaciones a Sadam Husein.

La divulgación del nombre viola una ley federal estadounidense que prohíbe la identificación de los agentes secretos, so pena de un máximo de diez años de cárcel.
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