PALMAS DE GRAN CANARIA.- El secretario de la Comisión de Adopciones del Senado español, José Macías, consideró hoy "lamentable" el caso del matrimonio de no videntes detenido en Chile cuando pretendían sacar del país a un bebé por el que pagaron 15.000 dólares.
En opinión de Macías los arrestados fueron "engañados" aprovechando su "auténtica desesperación" por ser padres.
Los detenidos son Francisco Gil, de 49 años, y María Mateo Báez, de 42, originarios de las islas Canarias y quienes son vendedores de cupones del sorteo diario que celebra la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
José Macías insistió en atribuir a la angustia que viven las parejas españolas que intentan formalizar una adopción la actitud de la pareja canaria.
El senador subrayó que hará lo posible para ayudar al matrimonio detenido en Chile, al tiempo que precisó que ya ha solicitado en la embajada de Chile "una entrevista al máximo nivel" que espera tenga lugar en Madrid.
Ambos invidentes ingresaron el lunes último en prisión por orden del juez en funciones del 16 Juzgado del Crimen de Santiago de Chile, Eugenio Zamora, quien informó que, aunque los detenidos están en situación de "libre plática" (no incomunicados), no serán puestos en libertad por el momento al haber "diligencias pendientes".
La jurisprudencia chilena contempla la detención preventiva por diligencias pendientes y los magistrados tienen cinco días de plazo para resolver si procesan o no a los implicados.
El matrimonio de invidentes, que llegó el pasado 1 de septiembre a Chile, había solicitado adoptar legalmente un niño en ese país, pero la demanda fue rechazada por no cumplir los requisitos.
El caso fue descubierto por la carabinera Mariela Cordero Araya, quien casualmente había ayudado al matrimonio de ciegos a desplazarse por la terminal aérea y tomar un taxi a su llegada a Chile.
La misma funcionaria reconoció el lunes último a la pareja en el aeropuerto lista para abandonar el país y recordó que en la oportunidad anterior la mujer no estaba embarazada ni llevaba bebé alguno en brazos.
Cordero Araya preguntó entonces al matrimonio por la procedencia del menor, a lo que ambos respondieron que era su hijo.
La funcionaria trasladó a la pareja a las dependencias de la Policía Internacional, donde tras un interrogatorio reconocieron haber adquirido al bebé por 15.000 dólares y se comprobó que los papeles que acreditaban la paternidad eran totalmente falsos.
