LA PAZ.- Choques entre indígenas aymaras y fuerzas de seguridad dejaron este jueves dos muertos y exacerbaron las protestas desatadas en Bolivia hace 12 días en reclamo de la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contra la exportación de gas por Chile.
El minero José Atahuichi, de 59 años de edad, y el estudiante Ramiro Vargas, de 22, perecieron en enfrentamientos en una región del altiplano andino cercana a La Paz que además arrojaron un saldo de al menos diez heridos, según diversas fuentes.
Con las dos fallecidos de este jueves se eleva a ocho el número de muertos en las protestas desatadas por organizaciones sindicales.
Los choques del jueves se registraron en el marco de un paro indefinido convocado por organizaciones cívicas y vecinales en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, la cuarta más poblada y una de las más deprimidas del país, a cuya jurisdicción territorial pertenece Ventilla, donde ocurrieron los incidentes.
La ministra de Participación Popular, Mirtha Quevedo, explicó que la operación policial militar intentó frenar la marcha de mineros del yacimiento de Huanuni, porque tenía el objetivo de "convulsionar La Paz", la sede del gobierno boliviano, también sacudida por protestas callejeras.
Un "cacerolazo" aglutinó en tanto a un millar de mujeres que manifestó por las calles de La Paz en oposición a la venta de gas.
La manifestación volvió a colapsar el centro capitalino, foco de las protestas hace dos semanas, al igual que otras ciudades del interior del país.
Por primera vez desde el inicio del conflicto, la ciudad de Santa Cruz (este) fue escenario de una caminata de protesta desde la localidad de Montero (100 Km. al norte) también en oposición a la exportación del hidrocarburo.
Los sindicatos de Santa Cruz, que exigen la industrialización del gas, remarcaron además su adhesión a la iniciativa de "refundar el país" con autonomía regional.
Varios miles de manifestantes, en su mayoría maestros, estudiantes e indígenas, manifestaron también en la ciudad central de Cochabamba en repudio a la exportación de gas con una legislación que favorece a las petroleras.
La Asamblea de los Derechos Humanos (APDHB), intentaba un acercamiento entre el gobierno y los campesinos aymaras que hace tres semanas controlan parcialmente las rutas del altiplano andino a pesar del masivo despliegue militar y policial.
Otras rutas del país, como las de los Yungas, unos valles subtropicales cercanos a La Paz, estaban cerradas hace una semana con unos 200 vehículos y más de un millar de pasajeros varados.
La principal carretera del país también ha sufrido en los últimos días esporádicos cortes por parte de indígenas guaraníes y también a la altura del Chapare, centro productor de coca, base para la fabricación de droga.
Diversos sindicatos e instituciones civiles llevan adelante protestas callejeras para llamar la atención del gobierno a su pedido de que modifique la ley de hidrocarburos, afirmando que favorece a las empresas petroleras.
De exportarse gas a Estados Unidos y México, en las actuales circunstancias, Bolivia sólo percibiría el 18% de los ingresos por ese proyecto.
Una mayoría de bolivianos se opone también a que el gobierno elija un puerto chileno para la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (LNG). Bolivia, fue despojado de su acceso al Pacífico en una guerra contra Chile en 1879.
Bolivia posee una reserva probada de 54,3 trillones de pies cúbicos de gas.
