LA PAZ.- La Paz amaneció el martes ocupada por tanques, vehículos blindados y tropas luego de que se intensificó la violencia de las protestas contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que llevan cuatro semanas y ya han causado al menos 52 muertos en todo el país.
Mientras se esperan nuevas protestas en las calles y carreteras para el martes, uno de los cuatro partidos de la coalición de gobierno de Sánchez de Lozada se reunirá para decidir si se mantiene dentro de la alianza política que permite al gobierno controlar dos tercios del Congreso.
El Mandatario quedó debilitado tras la renuncia el lunes de uno de sus ministros y el rechazo de su vicepresidente a la represión contra los manifestantes.
Las protestas contra el acaudalado empresario minero Sánchez de Lozada dejaron el lunes un saldo de 14 muertos en La Paz y destrozos en otras ciudades, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, aunque los medios de prensa locales reportaron hasta 28 muertos en la principal ciudad del país el lunes.
El martes por la mañana la ciudad estaba paralizada. No había reportes de incidentes, pero el lunes a la medianoche las Fuerzas Armadas advirtieron en un comunicado que van a actuar "con mayor firmeza en resguardo del orden público y de la tranquilidad del país".
Las principales calles y avenidas estaban bloqueadas por piedras, se suspendieron las clases en escuelas privadas, se mantenía la huelga de maestros públicos y de trabajadores del transporte, lo que agravó la escasez de combustibles y alimentos.
Moverse en vehículos por la ciudad se transformó en una misión peligrosa en los últimos días dado que algunos conductores debieron enfrentar a furiosos manifestantes que intentaron incendiar sus automóviles.
La revuelta comenzó hace cuatro semanas a causa de un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto de Chile.
Ahora se transformó en una exigencia de renuncia del mandatario, un firme aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en un país en el que seis de cada diez personas son pobres o indigentes.
Pero Sánchez de Lozada, cuyo mandato se extiende hasta el 2007 y fue elegido con un 22 por ciento de los votos en junio del 2002, dijo el lunes que no va a renunciar y denunció un plan financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana.
El diputado indígena, ex candidato presidencial y líder cocalero Evo Morales, uno de los sindicados por Sánchez de Lozada como miembro de este grupo que busca sacarlo del poder, no se hizo esperar y desde Cochabamba, la tercera ciudad del país, emplazó al mandatario a que pruebe sus dichos.
Los cocaleros, furiosos por el plan del gobierno, apoyado por Estados Unidos, de completar un polémico programa de erradicación de sus cultivos, anunciaron que se sumarán a las protestas con bloqueos de una vital carretera en la región del Chapare, en el centro del país.
Por su parte, Felipe Quispe, otro diputado indígena y jefe de la confederación de trabajadores campesinos que comenzó las protestas, dijo tras la acusación de Sánchez de Lozada que éste "tiene necesariamente que irse (...) No abandonaremos la lucha".
La situación en Bolivia, que ya es tema de análisis permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) también generó preocupación en varios gobiernos, como los de Estados Unidos y Brasil.
El Departamento de Estado norteamericano respaldó a Sánchez de Lozada el lunes, en un comunicado en el que dijo que "no apoyará ningún régimen que surja por medios antidemocráticos".
En un comunicado, la cancillería brasileña exhortó "enfáticamente a que se establezcan canales de diálogo entre el gobierno y las fuerzas de oposición".
Reclamo al Congreso
El vicepresidente Carlos Mesa, que no pertenece a ningún partido político, anunció el lunes que retiró su apoyo al presidente, al tiempo que demandó al Congreso que reaccione.
"No podemos permitir que el Congreso se quede callado ante la situación actual", dijo Mesa en la medianoche del lunes, en un intento por empujar a los legisladores a que se transformen en un puente de negociación con los manifestantes.
El ex presidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), el líder de otro partido de la coalición de Sánchez de Lozada -Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR)- dio su respaldo al mandatario "por una cuestión de responsabilidad", tras reunirse con él por la madrugada.
