BUENOS AIRES.- La justicia argentina liberó este lunes a dos ex jefes del brazo armado de la organización peronista de izquierda Montoneros, detenidos hace dos meses por su presunta participación en la desaparición de militantes de la agrupación en 1980, informaron fuentes judiciales.
La Cámara Federal de Apelaciones dispuso la liberación al revocar un dictamen del juez de primera instancia Claudio Bonadío, quien había arrestado el 14 de agosto a los ex jefes Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, al responsabilizarlos por el secuestro y desaparición de 15 militantes que intentaron retornar al país desde el exilio en una denominada "contraofensiva" contra la última dictadura (1976-83).
Bonadío también había solicitado la aprehensión internacional del máximo líder Montonero, Mario Firmenich, pero el dirigente, que estaba en España, eludió el accionar de la justicia y permaneció prófugo.
La Sala II del tribunal de alzada calificó de "arbitraria y sin sustento probatorio" la detención de Vaca Narvaja y Perdía, y ordenó su inmediata liberación, como también dejó sin efecto la orden de arresto que pesaba sobre Firmenich.
Además, la Cámara separó a Bonadío de la causa y lo denunció penalmente ante el Consejo de la Magistratura, organismo compuesto por jueces, legisladores y abogados, que analiza el comportamiento de magistrados inferiores y puede destituirlos.
Una fuente del tribunal dijo que "al ser nulas las detenciones también lo son todos los pasos procesales que vinieron después, o sea las indagatorias, las denegatorias de excarcelación y las prisiones preventivas".
"Bonadío desnaturalizó el objeto del proceso y los transformó (a los ex jefes montoneros) de víctimas en victimarios", agregó la fuente.
En esta misma causa, el magistrado había dispuesto en julio de 2002 el arresto de 40 militares e iniciado proceso contra una decena de ellos, acusándolos del secuestro y desaparición en centros clandestinos de militantes montoneros.
En agosto, Bonadío resolvió detener y procesar a los ex jefes montoneros como "partícipes necesarios" de los delitos de "secuestro, privación ilegítima de la libertad, posterior desaparición forzada y homicidios".
Voceros judiciales dijeron que Bonadío sospechaba que hubo connivencia entre jerarcas de la organización y las autoridades militares que gobernaban la Argentina para tenderles una trampa mortal a los militantes que intentaron retornar al país a principios de 1980.
Durante las indagatorias, Vaca Narvaja y Perdía cuestionaron la decisión de Bonadío, pidieron su recusación y dijeron que la medida "se trata de un juicio político que no está fundado en la causa procesal, sino en razones de Estado".
"Fuimos y somos aún hoy perseguidos políticos en esta causa concreta; en los tiempos de la dictadura se persiguió a miles y miles de militantes, 30.000 de los cuales hoy en día siguen desaparecidos", dice otro párrafo de la declaración.
