OSLO.- El estado de bienestar en Noruega, pese a las profundas raíces que tiene en la sociedad y a ser prácticamente un símbolo de la forma de vida escandinava, parece tener un futuro incierto.
Los planes del Gobierno noruego indican que, en buena parte, se quiere empezar a dar marcha atrás a un proceso que comenzó a finales del siglo XIX y que continuó perfeccionándose prácticamente hasta la última década de la anterior centuria.
Noruega era, a finales del siglo XIX, uno de los países más pobres de Europa y, entre 1865 y 1900, más de un tercio de su población emigró a Norteamérica. La falta de estabilidad económica y de seguridad propició la intervención del Estado en las economías privadas, para evitar la desertización del territorio y para asegurar la manutención de la población en tiempos de necesidad.
Con estos dos objetivos en mente, en 1895 se aprobó la primera de una serie de leyes sociales, el seguro por accidentes laborales, al que pronto siguieron los seguros de salud e invalidez y la ley nacional de pensiones para la tercera edad.
Esta actividad legislativa sufrió un estancamiento con motivo de la ocupación de Noruega por las tropas hitlerianas, pero se reanudó poco después de la II Guerra Mundial, gracias a los esfuerzos del político noruego Einar Gehradsen, sobre quien recayó gran parte del peso de la reconstrucción del Estado.
El proyecto se cimentó sobre dos pilares: el reparto equitativo de la riqueza a través de un férreo sistema fiscal y el apoyo económico a las capas más desfavorecidas de la población. Así nacieron la ley de impuestos de 1952 y la de seguridad social de 1966. La primera de ellas estableció una escala fiscal con el objetivo de que se distribuyera la riqueza (la base impositiva actual es del 28 por ciento y existe un techo máximo del 50 ciento). La segunda normativa, por su parte, unificó las distintas leyes dispersas sobre seguros y pensiones.
Otro gran avance social lo marcó, en 1978, la ley de paridad entre sexos, que creó la figura del defensor de la igualdad entre varones y hembras y fijó una cuota mínima de un 40 por ciento de mujeres en la composición de los órganos directivos de las instituciones públicas. El último de los planes gubernamentales llegó en 1990 con la creación de un fondo fiduciario para financiar objetivos a largo plazo con los ingresos procedentes del petróleo.
Ahora el Gobierno de coalición de centro-derecha está revisando muchas de estas normas y en algunos casos mermándolas, en la nueva ley de presupuestos que se aprobará el próximo diciembre. En ella figuran algunas medidas como la flexibilización de las reglas que restringen el trabajo temporal o la reducción del tiempo de suspensión de empleo.
Los partidos conservador y liberal que integran el gabinete han encontrado en las últimas estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Trygdeetaten) su mejor aliado para sacar adelante las reformas planteadas.
Según el Trygdeetaten, un 10 por ciento de la población activa en Noruega está de baja por invalidez, lo que significa que 300.000 personas viven gracias a las ayudas que reciben del Estado. Esta institución calcula un gasto anual de 29.000 millones de coronas (3.520 millones de euros, unos 4.000 millones de dólares) en concepto de soporte financiero. Si se suman las personas que no trabajan por razones ligadas a enfermedad, rehabilitación o desempleo, la cifra aumenta a 600.000 personas.
La organización de empresarios noruega NHO también ha querido avivar el debate político y su director, Olav Magnussen, ha abogado por rebajar el salario mínimo interprofesional. Para Magnussen, la ampliación de la Unión Europea (UE) a los países del Este acarreará una suerte de "dumping" social del que es conveniente resguardarse, ya que la media salarial en Noruega es entre 5 y 10 veces superior a la de los nuevos miembros comunitarios.
Magnussen pronostica para 2020 una grave crisis del estado del bienestar, causada por un envejecimiento constante de la población y una tasa de natalidad estancada. Sus soluciones son reformular la ley de seguridad social, equiparando salario real y pensión -en la actualidad hay una base fija más cantidades adicionales por años de trabajo acumulados- y reducir los gastos del fondo del petróleo destinados al pago de pensiones.
