BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino calificó hoy de "legítimo" el resurgir de las protestas populares contra la delincuencia y reiteró sus sospechas de que hay policías que hacen lo contrario de velar por la seguridad.
El jefe de Gabinete de ministros, Alberto Fernández, consideró hoy que el cacerolazo que se produjo el viernes por la noche en la capital argentina y en sus alrededores contra la inseguridad "ha sido una queja objetivamente legítima".
"Los sectores medios de la sociedad reclaman una acción más decidida para terminar con el tema de la delincuencia", sostuvo Fernández en declaraciones a Radio Mitre.
La legitimidad de la protesta, que no se veía con tal magnitud desde fines de 2001, cuando renunció al Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), "se profundiza cuando la gente ve que quienes están llamados a cuidarla están involucrados en hechos delictivos", agregó.
Así, Fernández hizo referencia a las declaraciones del Presidente Néstor Kirchner que el viernes cargó contra la Policía de la provincia de Buenos Aires, al asegurar que muchos de sus miembros están involucrados en la creciente ola de secuestros y delitos que tiene en vilo a la población.
Según Fernández, "la gente no percibe que el gobierno nacional sea el principal responsable de esto".
El ministro atribuyó el problema de la inseguridad a la "incapacidad de reacción de las fuerzas policiales".
Fernández consideró que "fue una protesta de reclamo hacia un cambio de cosas, para que esto deje de ocurrir".
La protesta de anoche fue convocada con el objetivo particular de conseguir la liberación de un joven de 22 años quien hoy cumplió 40 días en poder de una banda de secuestradores que le cortaron dos falanges de un dedo y se las enviaron a su familia para exigir rescate.
Los padres de Pablo Belluscio publicaron una conmovedora carta a la opinión pública en uno de los principales diarios de Argentina, que además está circulando profusamente por Internet, y el caso de su hijo se ha convertido en el emblema del rechazo a la delincuencia.
El jefe de Gabinete dijo hoy que la mayor parte de los secuestros ocurrieron en el cordón urbano que rodea a la capital argentina donde el gobierno nacional tiene una capacidad limitada de acción, aunque señaló que está en busca de nuevos canales para enfrentar, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, este problema.
En cambio, el alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, concedió que el cacerolazo fue un reclamo dirigido "a todos" los que tienen "responsabilidad", incluido el gobierno nacional.
Ibarra sostuvo que si no se encara una estrategia conjunta "con mucha fuerza" para enfrentar el delito, los esfuerzos individuales "serán absolutamente en vano".
El alcalde dijo, en diálogo con FM Aspen, que "cuando gran parte de una estructura policial, en lugar de castigar delitos, se dedica a organizarlos con la impunidad que le da tener un arma oficial y un uniforme", los argentinos están "en problemas".
Ibarra llegó a reconocer que "en algunos casos" en vez de una policía, lo que funciona es "una mafia".
En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, dijo que los jueces que liberan a los delincuentes antes de realizar una investigación y los políticos que pactan con policías corruptos y financian sus campañas electorales con "valijas de recaudación (ilegal)" policial son responsables de la inseguridad.
Beliz dijo además que los cuerpos policiales se han corrompido "porque han tenido políticos ladrones que han pactado con ellos y no han sido capaces de hacer una depuración a fondo".
El funcionario, junto al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, se dedicó esta madrugada a patrullar por la ciudad para analizar cómo se están realizando los controles policiales en la vía pública para intentar frenar la ola de delincuencia.
Los argentinos están conmocionados por los 184 secuestros que, según datos oficiales, han ocurrido en lo que va del año sólo en el cinturón urbano que rodea a la capital.
Al 90 por ciento de estos secuestros son de la modalidad "express". Los delincuentes retienen a sus víctimas por pocas horas, consiguen rescates más pequeños y evitan mayores riesgos de ser descubiertos, ya que no precisan grandes estructuras para funcionar.
El resto de los secuestros ha tenido como víctimas a familiares de famosos, en especial de actores y futbolistas, como el padre del jugador Cristian Traverso quien fue liberado, previo pago de 270.000 pesos (unos 96.000 dólares), hace dos semanas tras pasar 17 días en cautiverio.
