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EE.UU: Tribunal Supremo estudiará legalidad de detención en Guantánamo

El abogado Joseph Margulis, quien representa a cuatro detenidos que llevan dos años prisioneros en la isla, hizo la solicitud la Máximo Tribunal estadounidense. "Es importante que no haya una prisión que opere fuera de la ley", declaró.

10 de Noviembre de 2003 | 18:09 | EFE
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo anunció hoy que decidirá si los aproximadamente 660 extranjeros encarcelados en la base naval de EE.UU. en Guantánamo (Cuba) tienen derecho o no a presentar en cortes norteamericanas recursos contra su detención.

"Estamos muy satisfechos con esta decisión", dijo Joseph Margulis, uno de los abogados que elevaron al máximo tribunal estadounidense un recurso legal en nombre de cuatro detenidos que llevan dos años en Guantánamo.

"Es importante que no haya una prisión que opere fuera de la ley", declaró el abogado, que ha sido contratado por las familias y a quien el Gobierno de EE.UU. no ha permitido ningún contacto con sus clientes, dos australianos y dos británicos.

El Tribunal Supremo aceptó también hoy una apelación similar en nombre de otros doce detenidos kuwaitíes en Guantánamo.

Por su parte, la Casa Blanca insiste en que la detención de estas personas forma parte de los poderes de guerra del Ejecutivo y no está sujeta a la supervisión del poder judicial.

La Casa Blanca pidió al máximo tribunal de EE.UU. que no aceptase el caso, con el argumento de que los tribunales inferiores habían interpretado correctamente un precedente de 1950.

En ese caso, el Tribunal afirmó que "los extranjeros detenidos por las Fuerzas Armadas en el extranjero" sólo tienen los derechos que son "establecidos por el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, no los tribunales".

El Departamento de Justicia no respondió a una llamada de EFE en la que se solicitaba su reacción al anuncio del Supremo, que se espera que emita un dictamen antes de fines de junio de 2004, cuando termina su período anual de sesiones.

El Tribunal Supremo especificó en un comunicado el alcance de su análisis del asunto.

Agregó que decidirá si los tribunales norteamericanos tienen jurisdicción para examinar los recursos presentados por ciudadanos que no son de EE.UU. "capturados en el extranjero en relación con hostilidades y encarcelados en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba".

Dos tribunales inferiores han dictaminado que no tienen jurisdicción para intervenir, porque los detenidos son extranjeros y están detenidos fuera de Estados Unidos.

Esto ha colocado en un limbo legal a los aproximadamente 660 prisioneros, algunos de los cuales llevan dos años encarcelados sin contacto con sus familias o abogados y sin que EE.UU. haya presentado cargos en su contra.

La mayoría de ellos fueron capturados durante la guerra contra el régimen Talibán y la red terrorista Al Qaeda en Afganistán, pero Estados Unidos se ha negado a considerarlos prisioneros de guerra, lo que les daría ciertos derechos según la Convención de Ginebra.

El Tribunal Supremo no analizará cómo son tratados ni se pronunciará sobre si deberían ser declarados prisioneros de guerra, pero si decide que las cortes estadounidenses tienen jurisdicción sobre Guantánamo, daría una victoria muy importante a los defensores de los derechos humanos.

Para Barbara Olshansky, otra de las abogadas que ha presentado la acción legal, el Supremo tendrá que decidir si acepta la legalidad de la "detención ejecutiva arbitraria", que Estados Unidos siempre ha criticado en otros países.

Una victoria de Olshansky y su equipo obligaría al Gobierno a permitir que todos los prisioneros -no sólo aquellos en cuyo nombre se ha presentado el recurso al Supremo- tengan acceso a un abogado y a una corte.

Además, el Ejecutivo tendría que justificar la legalidad de su detención caso por caso, a lo que se ha negado hasta ahora.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos creen que al Gobierno le resultaría muy difícil justificar el encarcelamiento de muchos de ellos, entre los que se encuentran tres niños de entre 13 y 15 años y ancianos de casi 80.

Los detenidos, en su gran mayoría, están aislados en celdas de unos cinco metros cuadrados y sólo salen de ellas una hora al día.

"El Gobierno ha asumido poderes que no debía y éste es uno de los ejemplos", afirmó Olshansky a EFE.

Estados Unidos ha expresado su intención de juzgar a algunos de los prisioneros en tribunales militares especiales creados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
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