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Argentina: Kirchner acepta la renuncia de juez de la Corte Suprema

El Gobierno deberá ahora presentar a un postulante para ocupar la vacante que deja Guillermo López, quien había presentado su renuncia el pasado 23 de noviembre.

01 de Diciembre de 2003 | 12:51 | DPA
BUENOS AIRES.- El Presidente argentino, Néstor Kirchner, aceptó hoy en términos formales la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia Guillermo López.

Kirchner y el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, firmaron un decreto en el que el Poder Ejecutivo acepta a partir del 1 de diciembre la dimisión del juez.

El Gobierno deberá ahora presentar a un postulante para ocupar la vacante, quien deberá atravesar un proceso de debate público previo a su nominación formal.

López había presentado el pasado 23 de octubre su renuncia a partir del primer día de diciembre, cuando la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se disponía a emitir un dictamen acusatorio en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones.

Esta es la segunda renuncia de un miembro de la Corte Suprema desde la asunción de Kirchner, a fines de mayo pasado, en el marco del profundo proceso de renovación del cuestionado tribunal que lanzó el nuevo mandatario. En junio renunció el entonces presidente de la Corte Julio Nazareno.

En el marco de la ofensiva política para renovar el tribunal, cuatro de sus nueve ministros fueron denunciados por presunto mal desempeño de sus funciones por la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Los procesos derivaron en las renuncias de Nazareno, quien fue reemplazado por el penalista Eugenio Zaffaroni, y López. La comisión parlamentaria también le inició un proceso a los ministros Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O’Connor.

Estos cuatro magistrados son sindicados de haber pertenecido a la denominada "mayoría automática" de la Corte Suprema, integrada por los jueces designados por el ex presidente Carlos Menem (1989-99) cuando resolvió a principios de la década del 90 la ampliación de la cantidad de miembros con el supuesto fin de contar con un tribunal leal a sus objetivos políticos.
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