BUENOS AIRES.— El gobierno argentino pidió hoy que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación de un presunto pago de sobornos a senadores durante el mandato de Fernando de la Rúa, quien sostuvo que esas acusaciones son un "ataque grosero".
"Argentina necesita que caigan los responsables de esos hechos", dijo el jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández a una radioemisora.
El viernes, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto admitió ante la justicia que en abril de 2000 pagó sobornos a senadores para que aprobaran la llamada "Ley de flexibilización laboral" impulsada por el gobierno, escándalo que desató la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Alvarez.
Declaró que repartió el dinero de acuerdo con una lista que le había entregado un ex senador peronista "con los nombres de algunos legisladores escritos y al lado los montos" que recibirían a cambio de votar favorablemente.
Agregó que conserva el papel -que incluye los nombres de varios senadores peronistas- y que está dispuesto a entregarlo a la justicia.
La ley, aún vigente, amplió el período de prueba, produjo rebajas en las cargas patronales y permitió que los nuevos convenios colectivos de trabajo redujeran los beneficios de los anteriores en detrimento de los trabajadores.
De la Rúa negó enfáticamente haber estado involucrado en la distribución de sobornos y sostuvo que está a disposición de la justicia.
"Es un ataque grosero, tomo esto con desagrado y sorpresa, se trata de un amplio operativo y hay que ver quién se beneficia con todo esto", afirmó a una agencia de noticias local.
"No estuve en ninguna reunión, jamás di indicación alguna, los jueces en su momento no comprobaron ninguna irregularidad, esto es una falsedad enorme", agregó.
Pero Alvarez contradijo al ex Mandatario: "El interesado en sacar la ley era el gobierno, y si hubo alguien pagó, ése era el gobierno. ¿Ustedes creen que alguien pueda pagar cinco millones de dólares sin que sepa la figura principal del gobierno? Es muy difícil que alguien tome por sí mismo la decisión política de pagar sin que sepa el Presidente".
El partido opositor Afirmación por una República Igualitaria pidió al juez de la causa que prohiba la salida del país de los dirigentes involucrados en el caso, entre ellos el propio De la Rúa.
En tanto Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (GCT) -la principal central obrera- pidió la anulación de la polémica ley laboral.
En igual sentido opinó el ministro del Interior Aníbal Fernández, quien consideró que si se comprueba el pago de sobornos debería derogarse la norma.
