LIMA.- Los cuatro chilenos pertenecientes al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), condenados el año pasado a penas entre 15 y 23 años de prisión, anunciaron que presentarán una nueva demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para solicitar su libertad, tras haber sido negada recientemente por las autoridades judiciales peruanas.
Así lo informó el abogado Juan José Guzmán, defensa del sentenciado Alejandro Astorga Valdez, quien señaló que hace unas semanas la Sala Nacional de Terrorismo rechazó un pedido de semilibertad de su patrocinado, por haber cumplido más de las dos terceras partes de su condena, dado que fue detenido en los primeros años de la década de los noventa, habiendo transcurrido más de 10 años, teniendo en cuenta que fuera condenado a 15 años de prisión, informó La Razon on Line.
Indicó que una vez se agote la vía interna ante la Corte Suprema acudirá a la CIDH para solicitar, a través de una ’’ejecución de sentencia’’, se interprete la ley a su manera y se cumpla con disponer su semilibertad, lo cual dijo, es la intención de los otros chilenos cuyas penas son un poco mayores.
Guzmán indicó que al momento de solicitar la semilibertad, esto es, la libertad vigilada y sujeta a ciertas normas de conducta, el tribunal antiterrorista contestó que el plazo ya no corre desde el día de su detención e internamiento en un penal, sino desde el día que el Poder Judicial le abrió un nuevo proceso penal, hace un par de años, después de la anulación de sus sentencias dadas por un tribunal militar en 1993 en base a la derogación de las leyes antiterroristas efectuadas por el Tribunal Constitucional.
Autores de secuestros y asesinatos
En septiembre del año 2003 el tribunal presidido por el vocal Pablo Talavera impuso 23 años de cárcel a Jaime Castillo Petruzzi, 20 años a Lautaro Mellado Saavedra, 18 años a María Concepción Pincheira y 15 años a Alejandro Astorga Valdez por el delito de terrorismo. Ello luego de iniciarse un nuevo juicio civil en su contra a pedido de la CIDH que resolvió a su favor una demanda presentada contra el Estado peruano por haber sido sentenciados anteriormente en el fuero castrense por delito de traición a la patria, donde se les impuso la pena de cadena perpetua.
En el fallo del 2003 el tribunal determinó que Castillo, Mellado y Pincheira fueron coautores del delito de terrorismo por el secuestro del empresario Raúl Hiraoka y el asesinato de uno de sus guardaespaldas en 1993. Astorga fue encontrado culpable del delito de terrorismo por el atentado contra una sede en Lima del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ese mismo año.