BOGOTA.- Un grupo de 70 paramilitares de extrema derecha fue condenado por un juez colombiano a la pena de 40 años de cárcel por la masacre de unos 40 indígenas y campesinos, ocurrida en abril de 2001 y en la cual fueron usadas motosierras, informaron este jueves fuentes judiciales.
Los condenados integraban una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -en negociaciones de paz con el gobierno-, y además deberán pagar cada uno una multa de 148.000 dólares como indemnización a las víctimas, según la sentencia.
De acuerdo con las investigaciones, un nutrido escuadrón del Bloque Calima de las AUC incursionó en la sureña región del Alto Naya y asesinó, entre el 10 y el 12 de abril de 2001, a por lo menos 40 indígenas y campesinos tras acusarlos de simpatizar con las guerrillas izquierdistas.
Algunas de las víctimas fueron mutiladas con motosierras, en tanto que algunos cadáveres nunca aparecieron, al parecer porque fueron arrojados por precipicios, según la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.
"El proceso recibió un número importante de pruebas, testimoniales y técnicas, que confirman la acción desplegada en 17 sectores del Alto Naya por ese grupo de las autodefensas que incurrió en actos de barbarie, sembró el terror en la región y llevó a los pobladores a huir de sus hogares", indicó el fallo.
Un total de 68 de los 70 paramilitares condenados fueron detenidos en mayo de 2001 por tropas de la Infantería de Marina, en el marco de la operación ’’Dignidad’’, que se llevó a cabo en cercanías del Alto Naya, región localizada entre los departamentos de Cauca y Valle.
Dirigentes indígenas celebraron la condena, pero señalaron que los autores intelectuales de la matanza continúan libres. El pasado 18 de diciembre se desmovilizaron 556 combatientes del Bloque Calima como parte del proceso de paz con las AUC.
La sentencia se conoce en momentos en que el gobierno del Presidente Alvaro Uribe y las AUC mantienen un enfrentamiento por la ley que definirá las condenas para los crímenes de ese grupo, acusado de decenas de masacres como la del Alto Naya, torturas, desapariciones, desplazamientos y narcotráfico, en el marco de su lucha contra los rebeldes.
El proyecto del gobierno propone penas máximas de entre cinco y diez años de cárcel para los delitos atroces. Otros ocho proyectos fueron presentados al Congreso, pero el grupo ilegal afirma que ninguno colma sus expectativas.
