NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, recibió hoy la notificación del comienzo de un proceso en la Asamblea Nacional para suspenderle la inmunidad por la acusación de supuestos delitos electorales, informaron fuentes legislativas.
El diputado Orlando Tardencilla informó que la notificación se hizo a tenor de cuatro acuerdos que la comisión especial nombrada para analizar el pedido de desafuero contra el Mandatario adoptó ayer, jueves, tras su propia constitución.
La fuente indicó que Bolaños fue convocado a comparecer ante esta comisión el 8 de julio para que presente sus alegatos, después de lo cual se abrirá un período de veinte días para la presentación de pruebas y en diez días más el grupo deberá emitir su dictámen.
Tardencilla dijo que la comisión debe dictaminar, y el Parlamento decidir, si Bolaños tiene o no relación con los delitos electorales que se investigan, para resolver si se le retira o no la inmunidad.
El diputado Tardencilla es miembro de la bancada Azul y Blanco, afín al Presidente, y es uno de los integrantes de la comisión que estudiará el desafuero del Jefe de Estado, conformada también por dos diputados sandinistas y dos liberales.
Tardencilla indicó que el Parlamento no tiene la facultad para juzgar a Bolaños, sino que, en caso de decidirse, debería hacerlo la Corte Suprema de Justicia.
Para que el Parlamento levante la inmunidad a un Manadatario se necesitan los votos de 61 de sus 91 diputados, y los opositores liberales y sandinistas suman 81 votos, suficientes como para retirarle la inmunidad.
La directiva parlamentaria también nombró el jueves a otra comisión para estudiar el posible desafuero de siete ministros, también acusados de supuestos delitos electorales.
El secretario de la Presidencia, Lindolfo Monjarrez, se mostró hoy confiado en que todo "va a salir bien" para el Presidente y dijo que por sexta vez Bolaños aclarará a los diputados todo lo relacionado con estas acusaciones de delitos electorales.
Contra Bolaños hay pendientes otras dos solicitudes de desafuero de parte de la Contraloría General de la República (CGR), por negarse a colaborar en una auditoría sobre el patrocinio de su campaña electoral en 2001 y por impedir un análisis en las cuentas del Instituto Nicaragúense de Telecomunicaciones (Telcor).
