LIMA.- El ministro de Justicia Eduardo Salhuana entregó el miércoles cheques de indemnización por un total de 218.234 dólares a parientes de personas asesinadas en 1991 por un escuadrón de la muerte patrocinado por el estado.
La ceremonia se efectuó horas después de que María Zavala, presidenta de la Corte Suprema de Lima, anunciara que el ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos e integrantes del escuadrón de la muerte Colina serían sometidos a juicio el 17 de agosto por la masacre del distrito Barrios Altos de Lima y otros delitos contra los derechos humanos.
El escuadrón de la muerte paramilitar, presuntamente dirigido por Montesinos y autorizado por el ex presidente Alberto Fujimori, mató a tiros a las 15 víctimas en 1991 cuando efectuaban una carne asada para recabar fondos en Barrios Altos, un vecindario pobre en el centro de Lima.
Fallecieron 15 personas, incluyendo un niño de 8 años.
Menos de un año después, el grupo Colina, integrado por miembros del ejército, secuestró a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad La Cantuta. Sus cadáveres incinerados fueron hallados un año después, enterrados en una colina desértica en las afueras de la capital.
Ambas masacres pretendían ser golpes a presuntos simpatizantes de la insurgencia maoísta Sendero Luminoso, que asoló Perú durante la década de 1980 y principios de la de 1990 con ataques con coches bomba, sabotajes y asesinatos.
Perú ha intentado, sin éxito, lograr la extradición de Fujimori desde Japón, donde huyó en noviembre del 2000 en medio de escándalos de corrupción tras 10 años de gobierno.
Montesinos, ahora cumpliendo varias sentencias por delitos, enfrentaría hasta 20 años de cárcel si es declarado culpable de haber dirigido al grupo Colina.
El gobierno de Perú comenzó a pagar indemnizaciones a las víctimas de los escuadrones de la muerte y a sus parientes en el 2001, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, el brazo judicial de la Organización de Estados Americanos.
Salhuana consideró que ha llegado el tiempo de cumplir lo que constituye una obligación para el gobierno, no sólo porque fue consecuencia de un fallo de la Corte Interamericana, sino además porque ’’Perú honra sus compromisos con la justicia’’.
Después de recibir un cheque el miércoles por 175.000 dólares, Felipa Antuna Churo, madre de Benedicta Yanque Churo, pidió en lengua quechúa que Fujimori y Montesinos sean enjuiciados por el asesinato de su hijo.
