BARCELONA.- El Parlamento de Cataluña aprobó hoy el nuevo Estatuto de autonomía para la región, un texto que genera dudas sobre su constitucionalidad al proponer un modelo fiscal diferenciado y definir el territorio como "una nación".
El nuevo Estatuto (el anterior data de 1979) recibió el apoyo de 120 de los 135 diputados de la cámara regional, lo que puso fin a casi dos años de negociaciones para redactar un documento que fuera el fruto del consenso de todas las fuerzas políticas catalanas.
Votaron a favor los socialistas del PSOE, los independentistas de ERC y la coalición de mayoría comunista ICV -fuerzas integrantes del Gobierno catalán- y la federación CiU, una fuerza nacionalista de orientación conservadora, que gobernó Cataluña entre 1980 y 2003.
Votaron en contra los conservadores del PP, la segunda fuerza política en el ámbito estatal, que consideraron el texto "inconstitucional" y alertaron de que se está dando un "paso decisivo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente".
El PP argumentó que el texto vulnera la Constitución de 1978, porque la Carta Magna sólo emplea el término "nación" para referirse a España y se refiere a "nacionalidades" cuando define la existencia de regiones con identidades históricas y culturales diferenciadas.
El otro asunto espinoso es el modelo de recaudación y gestión de impuestos, ya que Cataluña quiere tener mayor capacidad de decisión, sobre todo para manejar los fondos que, en su condición de una de las regiones más ricas de España, aporta a las regiones más pobres.
El Gobierno regional catalán quiere reducir su alto déficit público (un 7,5 por ciento del PIB) con este modelo diferenciado, cuyos detractores consideran que atenta contra el principio de solidaridad económica entre regiones que consagra la Constitución.
Para su entrada en vigor, el Estatuto deberá ser aprobado antes de fin de año por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y, si sale adelante, deberá ser ratificado en un referéndum que se convocará en Cataluña.
El Presidente catalán, el socialista Pasqual Maragall, se mostró convencido de que en Madrid se aceptará la definición de Cataluña como "nación" y consideró llegada la hora de "cambiar" España en un Estado federal con un nuevo concepto de solidaridad territorial.
"España es federal, pero no lo ha podido decir en todo el siglo XX", subrayó Maragall, quien añadió que "la mejor defensa de la unidad de España" es la "libre" decisión de las comunidades a estarlo en base a un reconocimiento previo de su "personalidad".
Sobre la cuestión fiscal, el presidente catalán se mostró crítico con que comunidades autónomas menos ricas que Cataluña estén "mejor equipadas" y agregó: "ahora estamos en condiciones de decirles que vuelen solos, aunque seguiremos siendo solidarios".
Tras la aprobación, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el texto salió adelante "con un amplio consenso de casi el 90 por ciento" del Parlamento catalán y destacó la "absoluta normalidad democrática" del proceso.
Sobre el compromiso del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de respetar cualquier reforma estatutaria que aprueben los Parlamentos autonómicos, la vicepresidenta aseguró que esta promesa debe enmarcarse en su exigencia de respeto a la Constitución.
En este sentido, rechazó la propuesta del PP de tramitar el Estatuto de Cataluña como reforma constitucional, para lo que sería necesaria una mayoría de dos tercios en el Parlamento estatal
El PP acusa a Zapatero de auspiciar la división de España
El secretario general del PP, Angel Acebes, anunció que su partido exigirá la convocatoria de elecciones si no se tramita el Estatuto de Cataluña como reforma constitucional y denunció que Zapatero ha abierto un "proceso de separación territorial".
"Por primera vez en las páginas de nuestra Historia asistimos a que un presidente del Gobierno ha azuzado a una comunidad autónoma para separarse de España", manifestó Acebes.
El rechazo, en términos menos graves, fue expresado también en las últimas horas por destacados dirigentes socialistas e incluso por miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró que mantiene su postura contraria a la inclusión del término "nación" en los Estatutos regionales y subrayó que el marco normativo que fija la Constitución es muy estable y debe seguir siendo la referencia.
