MONTEVIDEO.- El Gobierno uruguayo reconoció hoy que el presunto atentado fallido contra el juez que decidió extraditar a tres militares a Chile por su participación en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos, motivó que se adelantará la entrega.
Salvo este comentario del ministro del Interior, José Díaz, el Gobierno de Tabaré Vázquez no se pronunció sobre el presunto atentado contra el juez Gustavo Mirabal, como tampoco lo han hecho las Fuerzas Armadas.
Mirabal estaba el pasado domingo con un familiar sentado en un banco de un paseo de Montevideo cuando percibió que un proyectil le pasó cerca de la cabeza antes de hundirse en el río de la Plata.
Expertos en balística dijeron que la bala debió pasar a 50 centímetros de la cabeza del juez.
El hecho lo dio a conocer anoche el Canal 10 de televisión, el cual vinculó el presunto atentado con el adelanto de la entrega de los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, los cuales llegaron el martes a Santiago en lugar de mañana, viernes, como estaba previsto.
Desde el mismo domingo el magistrado tiene una custodia policial permanente y para sus traslados utiliza un chaleco a pruebas de balas.
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la policía uruguaya inició una investigación para tratar de dar con el autor del disparo y paralelamente la justicia también comenzó sus pesquisas.
Escuetas palabras
En declaraciones publicadas hoy por el diario electrónico Observa, Mirabal muy escuetamente dijo que si el hecho fue intencional "seguramente fue por el tema de la extradición".
Sostuvo además que el atentado sería para "evitar futuras extradiciones" de militares.
Mirabal fue el juez que aprobó la extradición a Chile de los tres militares uruguayos, decisión ratificada por un Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.
Los tres militares uruguayos fueron enjuiciados en ausencia por el juez chileno Alejandro Madrid por los delitos de "asociación ilícita y secuestro" en el caso del químico Eugenio Berríos, quien fue agente secreto de la DINA.
Berríos fue sacado de Chile en 1991 por militares nacionales, para evitar que presentara declaración frente a la justicia que investigaba asesinatos durante la dictadura, y permaneció oculto en Uruguay, protegido clandestinamente por militares de ambos países.
La extradición aprobada por la Justicia y cumplida por el Gobierno, pese a que el presidente Tabaré Vázquez podía haberla denegado de acuerdo al tratado vigente entre ambos países, fue rechazada y criticada por el Círculo y el Centro Militar, que agrupa a militares retirados y en actividad.
La decisión generó, además, polémica política e incluso algunos sectores de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio se opusieron a la medida.
