BOGOTÁ.- La esposa de uno de los diez policías que murieron en un confuso enfrentamiento con tropas del Ejército colombiano intentó suicidarse y permanece recluida en un centro hospitalario con pronóstico reservado, al tiempo que se conocieron irregularidades que pusieron en duda la actuación de los militares.
Alvaro García, padre de uno de los agentes policiales muertos en la noche del lunes, señaló hoy que la compañera sentimental de su hijo se disparó dos veces en la cabeza y está fuera de peligro, pero bajo atenta observación médica.
"La situación de mi nuera es que está fuera de peligro, está en urgencias. Ella tenía mucha tristeza y por el desespero de no tenerlo y poder abrazarlo, ella tomó esa decisión. Utilizó el arma de dotación personal de mi hijo", dijo el pariente.
Asimismo, se conoció este miércoles que la escena de los hechos fue manipulada antes de que llegaran las autoridades encargadas del levantamiento de los cadáveres. Testigos narraron a los investigadores de la Fiscalía que los uniformados muertos estaban plenamente identificados y los escucharon decir: "Somos policías, no disparen".
Según el diario bogotano "El Tiempo", "los cuerpos se encontraron en una posición extraña para un enfrentamiento. También llamó la atención de los investigadores los rastros de aparentes disparos a corta distancia en el cadáver de Luis Eduardo, el informante de 37 años que murió junto a los policías".
Los familiares del supuesto informante negaron por su parte que su pariente, muerto en el confuso episodio, tenga que ver con actividades de investigación y que simplemente fungía como chef de un restaurante de la ciudad de Cali (suroeste).
"Mi hermano era chef de un restaurante en Cali y él en ningún momento fue informante o delincuente como lo quieren hacer ver muchas personas, tampoco nunca se lo conoció con el alias que se le quiere imputar. Quiero que dejen claro que mi hermano no era informante porque tememos por la seguridad de nosotros", dijo uno de los parientes del civil muerto.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, anunció este miércoles que la justicia militar se apartará de la investigación para dejar todo en manos de la Fiscalía y ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos (unos 400.000 dólares) por información que permita esclarecer ese caso.
"Hemos tomado la siguiente determinación, el comando del Ejército y el Ministerio de Defensa renuncian a que la investigación la haga la justicia penal, entregándole la investigación totalmente a la Fiscalía. Ofrecemos una recompensa de 1.000 millones de pesos al ciudadano no integrante del personal militar y policial que con su información ayude a la Fiscalía a esclarecer totalmente los hechos", dijo el mandatario.
Asimismo, habló con el señor fiscal, Mario Iguarán, y le reiteró que en aras de la transparencia de la investigación se había tomado la decisión de que fuera exclusivamente esa institución la que realizara la investigación "porque puede haber desastres militares, pero lo que no puede haber es actos que hagan perder la fe y que queden en la impunidad".
Por su parte, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, cuestionó hoy la hipótesis de un error militar y estableció cuatro puntos para sustentar sus cuestionamientos a los soldados del Ejército: El hecho fue a plena luz del día, los policías estaban plenamente identificados y uniformados, fue a 500 metros de una carretera de una zona suburbana donde regularmente no hay guerrilla y por último que ninguno de los policías quedó vivo.
"Ya hemos planteado claramente que necesitamos que eso se resuelva muy claramente. Queremos saber la verdad de lo que pasó, hay 10 policías muertos y el Ejército tiene que contarnos qué fue lo que sucedió", precisó.
Los 24 uniformados vinculados a la investigación por la muerte de los 10 policías y el civil fueron trasladados a una base militar en la que serán sometidos a interrogatorios por las inconsistencias que existen en sus versiones y los cambios que se presentaron en la escena de los hechos.
El batallón del Ejército involucrado en el hecho ha estado relacionado con varios escándalos por presentar a personas comunes muertas o asesinadas como guerrilleros abatidos en combate.
Uribe lamentó este martes la muerte de los diez policías y un civil y sostuvo que se llevará a cabo una exhaustiva investigación para establecer lo ocurrido en la noche del lunes en una zona rural del municipio de Jamundí (suroeste, en el departamento de Valle del Cauca), donde por "fuego amigo" murieron en un operativo antidrogas diez efectivos y un informante.
En el pasado ya se han registrado varios casos de muerte de uniformados por "fuego amigo", que algunos analistas aseguran se deben a la presión del gobierno a las tropas para entregar resultados operativos en la lucha contra las guerrillas y las drogas. En los últimos dos años han muerto en Colombia 21 uniformados por casos de combates entre tropas oficiales.
