LA PAZ.- Al menos un muerto y 13 heridos causó hoy un enfrentamiento armado entre policías y ocupantes de predios privados en Oruro, 220 kilómetros al sur de La Paz.
El operativo para desalojar a unos 5.000 ocupantes de predios privados en ocho barrios de Oruro tuvo apoyo del ejército y fue dirigido por la ministra de gobierno, Alicia Muñoz.
"Llegaron en bus, a las cinco de la madrugada, y nos atacaron con gases y quemaron nuestras carpas. La gente estaba todavía durmiendo y huyó desesperada", relató esta tarde por teléfono, a una radio local, Hipólito Tola, uno de los "sin techo".
"Algunos dejaron sus niños y no sabemos qué pasó con ellos. Las autoridades hablan de un solo muerto, nadie dice la verdad, pero desde ese momento no dejan entrar al lugar", añadió Tola.
Cuando los predios fueron desocupados, tractores municipales comenzaron a demoler las precarias construcciones y las carpas, destrozando los enseres de sus ocupantes.
El enfrentamiento se produjo tres horas después, cuando los ocupantes del predio se reorganizaron e intentaron volver, cuando el lugar ya estaba bajo custodia militar.
Periodistas de la radio católica Pío XII informaron que cuando llegaron al lugar ayudaron a evacuar a decenas de niños que quedaron atrapados entre los policías que lanzaban gases y los que defendía con piedras y palos permanecer en el lugar.
Según los informes oficiales, el muerto Santiago Orocondo Arevillca, de 22 años, era un policía vestido de civil, que estaba entre los ocupantes de uno de los predios. Según los "sin techo", en cambio, Orocondo era uno de ellos, que estaba en el campamento junto a su mujer y sus dos hijos.
"Lamentamos la pérdida de una vida, pero los policías actuaron porque se agotaron los mecanismos de diálogo para evitar que el conflicto siga. Se estaba viviendo ya un estado de anarquía e incertidumbre, por las ocupaciones", explicó el prefecto (gobernador) de Oruro, Luis Aguilar.
El conflicto comenzó hace tres meses, cuando centenares de personas organizadas en un autodenominado "movimiento de los sin techo" comenzaron a ocupar propiedades privadas en ocho barrios de Oruro y se instalaron con carpas. En muchos casos, comenzaron a construir sus viviendas.
El jueves, unas 5.000 personas marcharon por el centro de Oruro, haciendo estallar pequeñas cargas de dinamita en el aire, exigiendo la entrega de 10.000 viviendas como condición para desocupar las propiedades ocupadas.
Los trabajadores de una cooperativa minera, por su parte, ocuparon un predio del parque industrial y anunciaron que no lo abandonarán, porque "la ocupación les costó inversión de dinero y tiempo".
La ministra de gobierno denunció que "se detectaron actitudes violentas que rayan y vulneran el principio de autoridad y la normativa vigente", por lo que a pedido del prefecto de Oruro se decidió la intervención policial.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que "en ningún momento se ordenó el uso de armas de fuego", y anunció una investigación del enfrentamiento provocado por "la respuesta violenta e irracional de quienes transgreden el orden del país".
Ocupaciones
Las ocupaciones de propiedades privadas comenzaron en distintos lugares del país desde que el gobierno anunció la reversión al Estado de todas las propiedades improductivas, que no cumplen un fin social o que fueron adjudicadas en forma ilegal, para distribuirlas entre los campesinos pobres.
En Santa Cruz, la región económica más importante del país, varias propiedades fueron ocupadas en las últimas tres semanas por militantes del Movimiento Sin Tierra (MST) que, en algunos casos, se enfrentaron con comunidades originarias asentadas en esos predios.
Según la ministra de gobierno, "los enfrentamientos están promovidos o digitados por terratenientes, que en el afán de defender sus intereses, están enfrentando a los pobres contra los pobres".
Los productores agropecuarios se organizaron en "grupos de autodefensa", tras romper diálogo con el gobierno para que se les restituya las tierras ocupadas.
La Cámara Agropecuaria del Oriente se declaró de acuerdo con la distribución de tierras, pero pide que se la haga de acuerdo con la prefectura (gobernación) de Santa Cruz, que tiene su propio plan, alternativo al que lanzó el gobierno hace una semana.
En la vecina ciudad de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, campesinos de la región ocuparon tierras de la Iglesia católica e incluso un local destinado a dar alojamiento a los peregrinos que viajan al santuario más importante del país.
Aunque los obispos dijeron que apoyan la entrega de tierras a los campesinos pobres, pidieron que se respete la propiedad privada.
