MADRID.- La policía española arrestó a dos empresarios de Navarra acusados de haber pagado en 2005 la llamada "tasa revolucionaria" al grupo armado separatista vasco ETA.
El hecho desató la preocupación de las cámaras empresariales de la región que pidieron arrestar "a los que extorsionan y no a los que pagan".
"Hay que ponerse en el pellejo" de los empresarios extorsionados por ETA, dijo el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa.
Los ejecutivos detenidos son los propietarios de la empresa de construcción "Azpiroz y Saralegui", identificados por el diario El Correo como José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero.
Ambos fueron arrestados el viernes por orden del juez Fernando Grande Marlaska y fueron trasladados hoy a Madrid.
El magistrado había hallado un recibo de pago en el marco de un operativo reciente.
Los apellidos Azpiroz y Saralegui figuraban en cartas en las que el grupo armado les agradecía el pago total del "impuesto revolucionario".
La empresa constructora, con sede en Navarra, tiene numerosos contratos de obras públicas en esa provincia, entre ellas la estación de autobuses de Pamplona.
La detención de ambos empresarios fue una derivación del arresto el martes de 12 personas que, según Madrid, conformaban el aparato financiero de ETA.
En 2004, el juez Baltasar Garzón puso en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa Azkoyen de Navarra por el pago a ETA de unos 222.374 euros. La fianza fue de 20.000 euros a cada uno de los empresarios, que fundamentaron el pago por el miedo a ser a asesinados por ETA.
Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, dijo que si bien el pago a ETA es "condenable y delictivo", también "hay que entender la situación de coacción y amenaza" en la que, a su juicio, vive el empresariado local.
