MADRID.- La apertura de conversaciones con ETA anunciada hoy por el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se produce a los tres meses del alto el fuego declarado por la banda terrorista, que no ha impedido a la Policía y a la Justicia seguir actuando contra sus activistas.
Tres encapuchados, con el rostro tapado y la cabeza cubierta con la tradicional boina vasca, anunciaron el pasado 22 de marzo que "Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria y Libertad) declaraba un alto el fuego "permanente" -la misma expresión utilizada por el IRA en Irlanda del Norte-, que entraría en vigor dos días después.
La sociedad española recibió el anuncio con grandes dosis de esperanza, porque se volvía a abrir una puerta para acabar con la violencia terrorista, que en cuatro décadas ha causado más de 800 muertos y ha mediatizado la vida de un país cuyo paso de la dictadura a la democracia ha sido ensalzado como ejemplo modélico.
Pero esas expectativas se encargó de moderarlas rápidamente la cautela, a la que apelaron todos los partidos políticos, con la vista puesta en las dos treguas fallidas vividas en 1988, durante el gobierno del socialista Felipe González, y diez años después, bajo el mandato del conservador José María Aznar.
Observadores y analistas se apresuraron a destacar, sin embargo, que el también socialista Rodríguez Zapatero se enfrentaba a una ETA muy distinta, seriamente debilitada tras varios años de implacable acoso policial y judicial, con el apoyo de Francia, y un contexto internacional marcado por la irrupción del terrorismo islamista, que dejó su sanguinaria huella en Madrid en 2004 con 191 muertos.
Casi tres años sin atentados
Otro dato significativo era que la banda terrorista vasca, que lucha con métodos terroristas por la independencia de Euskal Herria (que incluye el País vasco español y francés y la región de Navarra), no había cometido atentados con muertos desde hacía casi tres años.
El "movimiento" de la dirección etarra se esperaba con atención tras las sucesivas declaraciones de Zapatero en las que se mostraba convencido de que el "principio del fin" ETA estaba cerca.
Según trascendió después, el jefe del Gobierno español había recibido en agosto de 2004 una carta de ETA en la que le pedía establecer una comunicación y, a partir de ahí, había habido "contactos informales" y "conversaciones discretas" con el líder del brazo político etarra -la ilegalizada Batasuna-, Arnaldo Otegi.
En mayo de 2005, en su primer debate sobre el estado de la Nación como presidente del Ejecutivo, Zapatero promovió la aprobación de una moción que le permitía entablar un diálogo con la banda si se constataba su renuncia a la violencia, que contó con el apoyo de todos los partidos, excepto el conservador Partido Popular (PP).
Esa posición "a la contra" del PP ha marcado los tres meses del alto el fuego, en medio de su oposición frontal al Gobierno desde que perdiera las elecciones de 2004, tres días después de la masacre ferroviaria de Madrid, sobre la que insiste en ver la mano de ETA, pese a que los jueces la atribuyen sólo al terrorismo islamista.
Los "populares" se manifestaron, junto a las víctimas del terrorismo, contra una negociación con la dirección etarra, mientras el Gobierno verificaba el compromiso de la organización terrorista con un nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los que más había trabajado en la sombra.
Durante estos noventa días, la Policía y la Justicia han seguido actuando contra ETA y su brazo político, sin que se haya resentido el proceso para buscar el fin de la violencia.
El líder de Batasuna y antiguo miembro de ETA, Arnaldo Otegi, fue condenado el 27 de abril a 15 meses de prisión por apología del terrorismo, unos días después de pasar por prisión (que dejó tras pagar 300.000 dólares de fianza) por unos incidentes ocurridos durante una huelga ilegal convocada en el País Vasco y Navarra.
En la Audiencia Nacional -tribunal encargado de los delitos de terrorismo- se han sucedido los juicios y las sentencias, como la que condenó a 343 años de cárcel a Francisco Javier Gallaga Ruiz por facilitar los explosivos para un atentado perpetrado en 1996 contra un autobús militar, que causó un muerto.
El juicio más significativo, hace una semana, fue el de los etarras Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", y su compañera sentimental Irantzu Gallastegi, "Amaia", para los que el fiscal pidió 50 años por el asesinato, en 1997, del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, que conmovió como ningún otro a los españoles.
La Policía tampoco ha bajado la guardia, con operaciones como la que llevó a cabo el pasado día 20 para desmantelar la red de extorsión a través de la cual la organización terrorista se financiaba mediante el cobro del llamado "impuesto revolucionario".
