BRASILIA.- La justicia brasileña resolvió que las donaciones de sangre realizadas por personas homosexuales deben ser aceptadas, porque lo contrario es una discriminación sobre su orientación sexual, informó este jueves el Ministerio Público Federal (MPF).
El juez Marcio Braga, de la 2ª Jurisdicción Federal del estado de Piauí (norte), dio curso a un recurso en la órbita civil pública en la que suspendió así una resolución de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que discriminaba la donación sanguínea por parte de homosexuales.
Ahora Anvisa tiene 30 días para revocar su directiva, que pedía a los 'hemocentros' que reciben la sangre entrevistar a los donantes sobre sus hábitos sexuales y rechazar a los homosexuales, y orientar a sus encargados para deponer esa conducta discriminatoria.
"Si en el pasado la selección de personas aptas a donar sangre en virtud de su orientación sexual tenía razón de ser, hoy esta prohibición cede espacio delante de datos estadísticos y avances tecnológicos alcanzados", dijo Braga en su fallo.
Esta resolución se basó en un procedimiento administrativo abierto en la Procuraduría de la República por representantes del Grupo Matices, entidad civil que nuclea a defensores de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, con sede en Teresina (capital de Piauí).
El grupo había apelado a la justicia por la discriminación que hombres homosexuales tuvieron en el Centro de Hematología y Hemoteria de Piauí (Hemopi), que les impedía ser donantes cuando declaraban su condición basándose en normas de la Anvisa.
La decisión de la justicia es aplicable a todos los hemocentros de Anvisa en Brasil y en caso de no ser cumplida se fijará una multa diaria de 1.000 reales (456,6 dólares al cambio).
De su lado, la Anvisa considera que los donantes homosexuales estaban en situación de riesgo y ponían en peligro a sus bancos sanguíneos. Así, estableció la inhabilitación por un año de los candidatos a donaciones de sexo masculino que hayan declarado que tuvieron relaciones con otros hombres.
El organismo afirmó que apelará contra la decisión y enfatizó que es la primera vez que una sentencia interfiere en la política de sus centros.
