LA PAZ.— Un decreto del Presidente Evo Morales que declaró monumento histórico de Bolivia a la humilde vivienda que habitó en su niñez y adolescencia generó polémica este domingo.
Personalidades del mundo cultural criticaron esta decisión de Morales por ser poco modesta y señalaron que lo más aconsejable era que alguna institución ajena al gobierno propusiera la sanción del decreto, fechado el 21 de julio.
El historiador y ex viceministro de Cultura Fernando Cajías dijo al diario La Razón que la medida debía haber sido producto de "una construcción social" del pueblo donde nació Morales, la empobrecida localidad andina de Orinoca, a 280 kilómetros al sur de La Paz, y que el llamado a aprobarla es el Congreso.
El decreto, firmado por Morales y todo su gabinete, también declaró patrimonio histórico a Orinoca y obliga al Estado a asignar presupuestos para el mantenimiento de la vivienda y del poblado.
La norma conocida hace pocos días instruye que la casa se convierta en un "museo interactivo" donde reciban enseñanza dirigentes campesinos indígenas, con subvención del Ministerio de Producción.
Según la experta cultural María Isabel Alvarez Plata, el decreto transgrede leyes que establecen la obligatoriedad de que sea el municipio interesado, en este caso el de Orinoca, el que debe iniciar la gestión pertinente.
Cajías dijo que para conferir esas distinciones, el pueblo, los investigadores, instituciones culturales y el Congreso son los llamados a analizar su pertinencia y solicitarlas.
Indicó que aunque el caso merece consideración, pues Morales es el primer Presidente que se declara de linaje y cultura indígena, los bienes materiales involucrados deben evidenciar alguna característica "excepcional".
Alvarez Plata señaló que el objeto de reconocimiento como algo de valor "histórico" no puede estar vinculado a un hecho de actualidad, como es el caso de la presidencia de Morales.
Agregó que la medida recuerda a los "decretos supremos" de regímenes dictatoriales, en los que se pasaba por encima de instituciones y se hacía la voluntad de quienes detentaban el poder.
Observó también que el decreto obliga al Ministerio de Cultura a destinar recursos para ambos bienes, cuando ellos son escasos y deberían tener otras prioridades.
