BRASILIA.- Una comisión del Congreso brasileño concluyó que existen pruebas contra 72 legisladores (12% del total) supuestamente involucrados en la compra irregular de material sanitario, y recomendó someterlos al consejo disciplinario para decidir sobre su mandato.
La comisión, que durante 52 días investigó el caso considerado el más extenso esquema de corrupción del Congreso, aprobó su primer informe, en el que pide que los expedientes de 69 diputados y 3 senadores sean enviados al Consejo de Ética, el organismo disciplinario del Congreso.
Ese Consejo decidirá si abre proceso de anulación de mandato y pérdida de derechos políticos contra los sospechosos, que pertenecen a todo el espectro político brasileño.
El presidente de la comisión investigadora, Antonio Carlos Biscaia, dijo que existen pruebas "contundentes" contra 50 de los 72 presuntos involucrados.
El escándalo, conocido como "mafia de las ambulancias" o "de los chupasangre", se ha convertido en una bomba en este Congreso que enfrenta elecciones generales en octubre y que emerge de un año de denuncias e investigaciones de corrupción.
"Estamos abriendo un proceso contra casi el 15% del Congreso Nacional. No sé si en otro lugar del mundo ha existido un proceso tan masivo en democracia. Y lo que significa es que comenzamos una limpieza para recuperar el Legislativo brasileño que nunca tuvo su imagen tan dañada", dijo el diputado Raúl Jungmann, del Partido Popular Socialista (PPS, oposición).
El 30,8% de los brasileños vinculan al Congreso la corrupción que ha centrado los noticieros del último año, reveló una encuesta esta semana.
"Critican que esta comisión saque conclusiones tan cerca de las elecciones, pero eso es lo correcto, porque el ciudadano común sabrá si puede votar en quien creía", dijo el senador Romeu Tuma, del Partido de Frente Liberal (PFL, oposición de derecha), con 7 parlamentarios en la lista.
Los parlamentarios son sospechosos de presentar enmiendas al presupuesto para liberar fondos con los que los municipios adquirían material médico sobrefacturado o licitado en forma fraudulenta. Como retribución, los legisladores recibían dinero o regalos, como un auto BMW en un caso, según denunció el empresario de la firma que promovió esa red de corrupción.
La justicia y la policía también investigan el caso, y esas indagaciones han llegado a las puertas del Ejecutivo, de gobiernos regionales y de decenas de ayuntamientos.
La comisión parlamentaria continuará investigando a otros parlamentarios y no descarta más implicados.
Buena parte de los partidos con diputados en esa lista de 72 indicaron que los mantendrán en sus filas hasta que se demuestre su culpabilidad. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato Geraldo Alckmin es el principal rival del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a la Presidencia brasileña en las elecciones de octubre, anunció que el diputado Paulo Feijó, el único que tenía en esa lista, fue desvinculado de la fuerza política.
El Congreso brasileño estuvo el último año inmerso en otro gran escándalo de corrupción, que involucró una millonaria contabilidad ilegal del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y provocó la renuncia de los principales ministros del gobierno de Lula y de los máximos dirigentes de su partido.
Los escándalos de corrupción se han convertido en un gran tema de la campaña a las elecciones de octubre, en las que Lula, que aparentemente ha conseguido distanciarse de las crisis, es el favorito a la reelección.
Un gran número de organismos brasileños, tan diferentes como la Asociación de Magistrados, la Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica o la ONG Transparencia Brasil, han lanzado campañas para concienciar al elector a no votar a favor de políticos acusados de corrupción.
